Mexicali, 25 de marzo de 2026.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado de Baja California en relación con un contrato de corrupción por 4,500 millones de pesos para la construcción de una planta fotovoltaica que nunca se edificó. La audiencia inició a las 09:23 horas del 23 de marzo ante el Juez Gerardo Anguiano Ceja en Mexicali.
Según la acusación fiscal, durante la administración de Bonilla se firmó un contrato a 30 años con la empresa Next Energy, la cual recibió un pago inicial de 123 millones de pesos sin cumplir con la construcción de la planta fotovoltaica comprometida. La Fiscalía estatal presentó su caso argumentando que existió un esquema de corrupción en la adjudicación y ejecución del contrato.
La defensa del exgobernador estuvo a cargo de los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, quienes presentaron sus argumentos durante la audiencia judicial. El proceso se lleva a cabo en el contexto de las investigaciones que la actual administración estatal ha realizado sobre contratos de la gestión anterior.
Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California entre 2019 y 2021. Durante su administración firmó el contrato cuestionado con Next Energy. La gobernadora actual del estado es Marina del Pilar Ávila, quien ha impulsado las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en contratos de la gestión precedente.
El caso representa uno de los procesos judiciales más relevantes contra un exgobernador en la entidad por presuntos actos de corrupción en contratos públicos. La vinculación a proceso implica que el juez encontró elementos suficientes para que Bonilla enfrente un juicio por los delitos que le imputa la Fiscalía estatal.
La empresa Next Energy fue la contratista beneficiada con el acuerdo por 4,500 millones de pesos a 30 años. De acuerdo con la investigación fiscal, la compañía recibió recursos públicos sin ejecutar la obra comprometida, lo que generó un daño patrimonial al estado de Baja California.
El proceso judicial continuará en las próximas semanas con la presentación de pruebas y argumentos de ambas partes. La resolución final determinará la responsabilidad penal del exgobernador y las consecuencias legales del caso.
