Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó ayer, 24 de marzo, la reforma a la Ley de Vivienda que modifica el concepto constitucional de vivienda digna por el de vivienda adecuada. La votación en lo general registró 356 votos a favor, 99 en contra y cero abstenciones, mientras que en lo particular la iniciativa obtuvo 354 votos a favor y 95 en contra, tras el rechazo de las propuestas de modificación presentadas por la oposición.
Con esta modificación legislativa, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) amplían sus facultades para adquirir, rehabilitar y construir viviendas directamente, así como para urbanizar terrenos con el fin de enajenar o arrendar los inmuebles. El cambio conceptual busca alinear la normativa con los estándares establecidos en la Constitución, enfocándose no solo en la edificación, sino en garantizar hogares seguros y planificados.
Durante el debate en el Pleno Legislativo de San Lázaro, la diputada Sandra Patricia Palacios, del grupo parlamentario de Morena, impulsó la iniciativa como parte de la estrategia del Ejecutivo federal para expandir el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. Por su parte, la diputada Blanca Gutiérrez Garza, del Partido Acción Nacional (PAN), expresó reservas sobre la reforma, cuestionando específicamente el uso de las subcuentas de vivienda de los trabajadores para financiar los nuevos proyectos de construcción y urbanización que ahora podrán ejecutar los institutos.
La aprobación en la cámara baja envía ahora el dictamen al Senado para su discusión y eventual validación. La reforma ocurre en un contexto de expansión de las metas habitacionales en entidades como Sonora, donde la meta inicial de 33,800 viviendas se ha elevado a 65,000 unidades, con 9,694 ya en construcción y 18,126 en etapa de planeación bajo este nuevo esquema.
La oposición, integrada por PAN y PRI, mantiene su postura crítica respecto a la transformación de los institutos de facilitadores de crédito a intermediarios directos en la producción habitacional, argumentando riesgos para el ahorro de los derechohabientes. Con la votación del 24 de marzo, la mayoría legislativa conformada por Morena y sus aliados consolidó el primer paso formal para la entrada en vigor de los cambios a la Ley de Vivienda.
