Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur confirmó la vinculación a proceso del ex oficial mayor Alan Sotelo Burgoin por el delito de abuso de autoridad por simulación. El juez de Control determinó como medidas cautelares la firma periódica quincenal, la prohibición de acercarse al domicilio del Ayuntamiento de Los Cabos y la restricción de comunicarse con testigos o denunciantes.
El caso se deriva de la contratación de una empresa financiera que debía gestionar un crédito bancario de 300 millones de pesos para el gobierno municipal. De acuerdo con la investigación, a pesar de que la gestión del crédito nunca se llevó a cabo, Sotelo Burgoin autorizó el pago de 14 millones 170 mil 560 pesos a dicha empresa. Con esta decisión, el exfuncionario se suma al exalcalde Óscar Leggs Castro y al extesorero Martín Talamantes, quienes fueron los primeros dos vinculados a proceso por el mismo delito.
En otro frente judicial, el conductor de televisión Patricio Cabezut aseguró que demandará al periodista Carlos Jiménez (C4) por daño moral. Cabezut afirmó que Jiménez difundió incorrectamente su ratificación de vinculación a proceso y calificó la información como errónea y distorsionada. “Yo no he sido sentenciado en ningún proceso. Hasta el día de hoy sigo siendo inocente. La información que este señor presenta es errónea, está distorsionada”, declaró el conductor.
Cabezut calificó de deleznable al comunicador y señaló: “Utiliza conceptos que atentan contra mi presunción de inocencia. Hay, por lo tanto, elementos suficientes para iniciar una demanda por la vía civil por la acción de daño moral. Me humilla, atenta contra mi dignidad”. En respuesta, Carlos Jiménez refrendó que Cabezut está vinculado a proceso y aseveró: “su amenaza y sobre todo el amago de su denuncia por daño moral, para mi es una más de todas la fila de personas deleznables… que busca callarme, por qué, por evidenciar su sucia realidad”.
Por su parte, la defensa del exfutbolista Omar Bravo solicitó llevar el proceso en libertad bajo fianza, pero la petición fue negada, por lo que seguirá recluido en el Penal de Puente Grande de Jalisco. Bravo fue detenido en 2025 por la Fiscalía de Jalisco acusado de presunto abuso sexual en agravio de su hijastra, menor de 12 años de edad, y un juez dictó su vinculación a proceso el pasado 4 de octubre.
El abogado Juan Soltero explicó que uno de los hechos imputados ocurre cuando la víctima tenía menos de 12 años, lo cual agrava la pena. “Eso agrava la pena de 3 a 6 años, y las demás agravantes marca o mandata la ley que se tiene que aumentar hasta dos tercios la pena, entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión”, indicó el defensor. Se señaló que el acusado podría permanecer en prisión hasta por dos años mientras se resuelve su situación legal, aunque en caso de culpabilidad podría alcanzar hasta 20 años de cárcel.
