Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado su iniciativa de reforma electoral denominada ‘Plan B’, la cual plantea cambios significativos a la revocación de mandato, ajusta la integración de gobiernos municipales y establece topes de gasto para congresos estatales. La propuesta, que llega tras el rechazo de una reforma más profunda, fue presentada por la senadora de Morena Laura Itzel Castillo Juárez y cuenta con el apoyo prometido del Partido Verde y del PT, aunque ha generado críticas por una omisión inicial sobre paridad de género y por sus posibles implicaciones electorales.
El núcleo de la iniciativa busca modificar la Constitución para que las consultas de revocación de mandato puedan celebrarse el mismo día que las elecciones federales ordinarias, lo que, según el gobierno, generaría un ahorro significativo. Además, permitiría al titular del Ejecutivo federal hacer campaña a favor de su continuidad durante el proceso, un punto que la oposición y analistas consideran una ventaja para Morena y la propia Sheinbaum. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la propuesta como un fortalecimiento del mecanismo de participación ciudadana.
En materia municipal, la reforma propone que el número de regidores en los cabildos oscile entre 7 y 15, en función del tamaño de la población. No obstante, la versión original enviada al Senado omitió la palabra ‘paritario’, lo que fue interpretado por críticos como un intento de eliminar la paridad de género en la integración de estos cuerpos. La Presidencia de la República corrigió posteriormente el texto, señalando que se trató de una omisión involuntaria y que no se busca prescindir de dicha disposición.
El analista Elías Lixa cuestionó el discurso de austeridad detrás del ajuste de regidores, señalando que, en el caso de Yucatán, mientras en Mérida se reducirían dos puestos, en el interior del estado se crearían 221 nuevos, lo que generaría más gasto. La iniciativa también establece un límite de gasto para los congresos locales, fijándolo en el 0.7% del presupuesto total de la entidad.
El contexto de la propuesta se remonta a la incorporación de la revocación en la Constitución en 2019 y su primer ejercicio en 2022, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se sometió a consulta. En esa ocasión, participaron 16.5 millones de personas (17.7% del padrón de 97 millones), y 15.159 millones (91.8%) votaron por su continuidad. Sheinbaum, quien obtuvo 35.9 millones de votos (59.75%) en las elecciones de 2024, buscaría con esta reforma institucionalizar un mecanismo que, según sus críticos, le daría una plataforma permanente de proselitismo con recursos públicos.
La iniciativa ahora deberá ser discutida en el Senado, donde la coalición gobernante necesita una mayoría calificada para aprobar cambios constitucionales. Aunque Morena, el PT y el Verde han expresado su respaldo, aún no se ha precisado si cuentan con los votos necesarios para su aprobación sin negociación con la oposición, la cual ha manifestado su rechazo frontal a lo que considera un intento de concentrar poder y manipular las reglas electorales.
