Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, una medida impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele que rompe con una prohibición histórica en el país. La iniciativa, presentada por el partido oficialista Nuevas Ideas, recibió 59 votos a favor y uno en contra en una sesión plenaria sin estudio ni debate previo, según reportaron medios locales. La reforma, que aún requiere una segunda votación de ratificación para entrar en vigor, se enmarca en el estado de excepción vigente desde marzo de 2022 como parte de la ofensiva contra las pandillas.
La propuesta fue presentada con 57 firmas de diputados, diez más de las requeridas para una reforma constitucional, y contó con el respaldo de la bancada oficialista, que tiene mayoría calificada en el hemiciclo de 60 escaños. Según el diario El País, incluso dos diputados de la oposición votaron a favor de la medida, aunque no se especificó su identidad. Tampoco se dio a conocer el nombre del único legislador que votó en contra.
La ministra de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y la diputada oficialista Suecy Callejas fueron algunos de los impulsores de la reforma. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, también respaldó la iniciativa. El proceso legislativo se caracterizó por su celeridad, sin que se realizaran estudios técnicos ni debates públicos previos a la votación, según consignaron medios como Aristegui Noticias.
La cadena perpetua se plantea como una herramienta más dentro de la estrategia de seguridad del gobierno de Bukele, que ha mantenido un régimen de excepción por más de cuatro años, prorrogado sucesivamente por la Asamblea. Esta medida representa un cambio radical en el sistema penal salvadoreño, que históricamente había establecido topes máximos a las condenas.
La reforma aprobada forma parte de un paquete más amplio de modificaciones legales que, según Aristegui Noticias, incluye cambios a otras leyes, aunque no se especificaron detalles. Para que la enmienda constitucional entre en vigor, debe ser ratificada en una próxima sesión plenaria, cuya fecha aún no ha sido anunciada. La medida ha generado debate sobre su impacto en los derechos humanos y el sistema de justicia del país centroamericano.
