Ciudad De México, 03 de junio de 2026.- Diversos medios de comunicación reportan que el Gobierno de Estados Unidos está investigando a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y que les ha retirado sus visados estadounidenses debido a presuntos vínculos con el crimen organizado. Ambos funcionarios son miembros del partido Morena y aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con la información publicada, Durazo y Villarreal ingresarían al país vecino al amparo de un programa de libertad condicional por beneficio público significativo, mecanismo reservado generalmente para personas que cooperan con las autoridades o testifican ante un gran jurado. Se señala que Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir tratamiento médico especializado bajo este esquema, mientras que la investigación contra Villarreal estaría relacionada con el contrabando de combustible pirateado, conocido como huachicol, y que suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses al cruzar la frontera.
Ante estos reportes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló este 3 de junio que los gobernadores deben aclarar ante la opinión pública la supuesta revocación de sus visas. “Ellos tienen que aclarar”, dijo la mandataria, quien también cuestionó los motivos detrás de las acciones estadounidenses: “¿Es realmente un interés legítimo combatir el crimen organizado? ¿O estamos quizás presenciando cómo sectores de la extrema derecha estadounidense están utilizando nuestro país para posicionarse de cara a sus elecciones de 2026?”.
Por su parte, Alfonso Durazo ha minimizado la información, asegurando que se trata de una nota sin fuentes ni sustento, y negó que las autoridades estadounidenses le hubieran revocado la visa. “En el pueblo, todos nos conocemos y todos nos sabemos todo. Si hubiese la menor corruptela, la menor complicidad, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse”, afirmó el gobernador de Sonora, quien se ha negado a mostrar su visa para desmentir la nota.
El gobierno de Tamaulipas también rechazó de forma categórica los señalamientos. Gerardo Algarín, directora de Comunicación del gobierno estatal, declaró: “No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado”. Mientras las fuentes periodísticas mantienen que existen investigaciones penales en curso, los gobiernos de Sonora y Tamaulipas insisten en la falta de pruebas de dichas acusaciones.
