Ciudad De México, 09 de junio de 2026.- El Gobierno de la Ciudad de México descartó haber autorizado a una mujer para controlar el acceso al Zócalo capitalino en medio de las protestas de la CNTE. Las autoridades locales identificaron a la persona como María Fernanda Islas, una empresaria de la zona sin atribuciones para realizar dicha función.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, declaró que ningún funcionario público instruyó a nadie para llevar a cabo esta tarea. “Debe quedar claro que estas funciones no le corresponden a ningún ciudadano; le corresponde al Gobierno de la ciudad y nadie puede estar haciendo esta tarea”, señaló la mandataria.
En videos difundidos en redes sociales, Islas fue captada solicitando credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) a quienes pretendían ingresar al Centro Histórico. El acto causó indignación debido a que la mujer no se acreditó como autoridad del gobierno capitalino. Brugada Molina enfatizó: “Ningún funcionario público instruyó para realizar dicha función, no le corresponde a ningún ciudadano y nadie debe realizar esa tarea”.
Por su parte, el Secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, explicó que Islas es una empresaria que forma parte de los comerciantes del primer cuadro del centro. El funcionario afirmó que la mujer actuó por interés propio y que el gobierno cuenta con personal encargado del acceso. “Cuando vimos el video le dijimos que esa es labor de las autoridades y se retiró”, dijo Cravioto.
De acuerdo con la información recabada, María Fernanda Islas está vinculada a la diputada local Diana Sánchez Barrios y ha estado presente como invitada en eventos de la Jefa de Gobierno. Previamente, la mujer había quedado grabada junto a un grupo de hombres que agredieron a reporteros tras retirar una lona de protesta frente a Palacio Nacional. Comerciantes de la zona la han señalado además como líder de un grupo de choque.
La administración de Clara Brugada se deslindó formalmente del actuar de la empresaria, reiterando que el control de accesos es una facultad exclusiva de las autoridades gubernamentales y no de particulares.
