Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Un juez federal absolvió a Javier ‘N’, único detenido por el asesinato del activista ambiental Samir Flores Soberanes ocurrido en febrero de 2019, debido a que las pruebas presentadas por la Fiscalía de Morelos fueron insuficientes para acreditar su culpabilidad. El fallo judicial, emitido entre el 14 y 15 de marzo, representa un revés para la investigación de un crimen que ha sido emblemático en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos.
Medios nacionales como El País México y Aristegui Noticias coincidieron en señalar las deficiencias en la investigación ministerial, que no logró reunir evidencia contundente contra el imputado. El proceso judicial se extendió por aproximadamente cuatro años, desde la detención del acusado hasta la resolución absolutoría.
Samir Flores, reconocido opositor al proyecto termoeléctrico y gasoducto en la región de Morelos, fue asesinado a tiros días antes de una consulta pública sobre la obra. El caso había mantenido expectativa entre organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
Paralelamente, autoridades judiciales en otras entidades avanzaron en procesos penales. En Chihuahua, un juez impuso prisión preventiva oficiosa a cinco individuos –identificados como José Isaac N, José Ramón N, José N, Luis N y Gonzalo N– por su presunta vinculación con delincuencia organizada dedicada al tráfico de personas.
En la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a cuatro ciudadanos colombianos, de 52, 48, 43 y 24 años, por el robo de 739 piezas de joyería valoradas en aproximadamente 400 mil pesos. Uno de los detenidos contaba con antecedentes penales.
Mientras tanto, en Puerto Vallarta, Jalisco, siete personas –Edwin N, Francisco N, Elvira N, Karina N, Luis N, Ivette N y Betzy N– fueron vinculadas a proceso por el delito de portación de armas.
La absolución en el caso Flores reabre el debate sobre la capacidad de las fiscalías locales para investigar crímenes de alto impacto y garantizar justicia para defensores ambientales, en un contexto donde la impunidad persiste como desafío estructural.
