Ensenada, 17 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación con el Número Único de Caso (NUC) 0201-2026-08252 por el delito de privación ilegal de la libertad de dos inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) de Baja California. Los hechos ocurrieron en la delegación de Punta Colonet, en Ensenada, cuando los elementos regresaban en caravana de un operativo realizado en San Quintín.
Los inspectores identificados son Erick Sánchez Zertuche López, de 31 años de edad, y José Héctor Oliveros Carabita, de 48 años. Erick Sánchez Zertuche López es hijo de la diputada federal de Morena, Rocío López Gorosave, y del abogado y empresario inmobiliario Juan Antonio Sánchez Zertuche. Según los hechos extraídos, un grupo de hombres armados retuvo a los funcionarios, trasladándolos en camionetas hacia una zona desconocida.
La investigación revela que Sánchez y Oliveros estuvieron privados de su libertad en un inmueble ubicado en el Ejido Ruiz Ordaz. Ambos fueron liberados poco más de 24 horas después de iniciada la carpeta de investigación. Alrededor de las 23:00 horas del día de su liberación, un convoy de policías arribó a las instalaciones de la FGE con los inspectores.
En el lugar donde fueron mantenidos cautivos, en el Ejido Ruiz Ordaz, las autoridades aseguraron al menos cuatro armas largas, equipo táctico y varios vehículos presuntamente utilizados para la comisión del delito. A la fecha de esta publicación, no hay detenidos por este caso. La investigación se centra actualmente en dos líneas relacionadas con la actividad de grupos del crimen organizado que operan en la región, indicando que el ataque fue dirigido específicamente contra los ocupantes de la unidad en la que viajaban.
Investigadores del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que el móvil podría ser “por una deuda de drogas que asciende a 3 millones de dólares y una más en Estados Unidos por 2 millones de dólares”. Por otro lado, se destaca que la versión de los hechos proporcionada por la diputada Rocío López Gorosave difiere de la información proporcionada por las autoridades estatales y federales.
