Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control determinó vincular a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades, relacionados con el contrato firmado con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali que nunca se concretó.
La resolución fue emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja tras una audiencia que inició el lunes 23 de marzo a las 09:23 horas y se extendió por casi 24 horas. El magistrado consideró que existen elementos suficientes para que el exmandatario enfrente un proceso penal, aunque se mantiene como inocente en tanto no se determine su responsabilidad mediante sentencia. Como parte de las medidas cautelares, se estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y se impuso el pago de 100 mil pesos.
Durante la audiencia, la defensa integrada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez presentó cinco líneas argumentativas para intentar desestimar la imputación. Los representantes legales cuestionaron la competencia de la autoridad que llevó el caso, sugiriendo que posibles actos de corrupción deberían ser investigados por una fiscalía especializada. Asimismo, argumentaron la falta de pruebas para sustentar los delitos imputados.
En específico sobre el abuso de autoridad, la defensa indicó que el pago de 123 millones de pesos se realizó entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, periodo posterior a la conclusión del mandato de Bonilla Valdez en octubre de 2021. Respecto al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, los abogados afirmaron que no se configura dicha tipificación, ya que el proyecto de la planta fotovoltaica corresponde a un contrato plurianual de servicios y no a la adquisición de un crédito fiscal.
El convenio entre la administración estatal y Next Energy comprometía a la entidad a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que representaba un desembolso total estimado en 4,500 millones de pesos, garantizados con aportaciones federales. Además, se registró una inversión estatal inicial como garantía para la puesta en marcha de la planta. El proceso judicial había permanecido estancado durante casi cuatro años debido al fuero constitucional con el que contaba Bonilla Valdez durante su etapa como senador.
La decisión del juez marca un avance relevante en el caso, el cual concentra atención política y mediática por la magnitud financiera del contrato y el impacto potencial sobre las finanzas estatales. El exgobernador, quien actualmente se desempeña como dirigente estatal del Partido del Trabajo, deberá enfrentar las siguientes etapas del procedimiento penal bajo la investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California.
