La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de la Vivienda (INVI), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia estatal la señaló como parte de una red de corrupción que habría desviado fondos públicos del instituto, identificándola además como operadora de Adán Augusto López Hernández.
De acuerdo con las investigaciones de inteligencia patrimonial y financiera, se detectaron aproximadamente 3,591 operaciones en el sistema financiero mexicano, entre transferencias y pagos electrónicos, que suman un monto total de 54 millones 876 mil 222 pesos con origen en cuentas bancarias del INVI. De esta cantidad, la fiscalía imputa directamente a Villarreal la disposición de 762,000 pesos para uso personal.
En este mismo caso de desfalco y corrupción ya se encuentran detenidos Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad del organismo, quien lleva más de dos años interno en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz sin sentencia por peculado; así como Edy Hassan, socio de Ramírez, y Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano del exfuncionario. También fue llamado a cuentas por operaciones con recursos de procedencia ilícita el exadministrador Juan Manuel Reyes Cervantes.
Información periodística revela que Benjamín García Meza, quien asumió la dirección general del INVI el 2 de octubre de 2023, también estuvo relacionado con el desfalco mientras la cuenta se vaciaba. Por otro lado, fuentes de la Contraloría Estatal citadas por medios locales indican que Villarreal y Reyes debieron ser acusados por peculado y no por operaciones con recursos ilícitos, señalando que este último delito podría ser desechado, lo cual contrasta con la acción legal formal ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción.
La vinculación a proceso marca el inicio formal de la etapa judicial contra la exfuncionaria y otros implicados en el manejo irregular de recursos durante los primeros años del gobierno estatal. Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar el alcance total del daño patrimonial y la participación de otros actores en el esquema de desvío de fondos etiquetados originalmente para programas de vivienda social.
