Tijuana, 02 de abril de 2026.- El juez de control Joel Chávez Castro determinó prisión preventiva oficiosa y justificada contra los abogados Christian Pablo López Ortiz y Emmanuel Aurelio Valdez López, tras vincularlos a proceso por los delitos de despojo de inmuebles, extorsión agravada y asociación delictuosa.
Según el Semanario ZETA, el magistrado consideró que existen indicios razonados de que se cometieron dichos ilícitos en el fraccionamiento Laderas del Mar. Testigos reportaron que, entre el 24 de julio de 2025 y el 15 de marzo de 2026, sujetos armados ocuparon 40 unidades en obra negra y 11 viviendas terminadas del desarrollo. Entre los ocupantes se identificó a los dos imputados, quienes utilizaban vehículos de lujo.
La investigación revela que uno de los ofendidos recibió amenazas por parte de Emmanuel Valdez López, quien primero se acercó presencialmente a la víctima y posteriormente realizó llamadas telefónicas en varias ocasiones. Al otorgar la vinculación a proceso, el juez Joel Chávez Castro señaló: “Que hubiese muerto el administrador de la empresa no es impedimento para que la investigación hubiera iniciado”. La Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
De manera simultánea, en Coahuila, el secretario general de Gobierno, Óscar Pimentel González, informó que las autoridades estatales mantienen comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar apoyo en la expedición de una ficha roja de Interpol. El objetivo es lograr la detención del extitular de la Notaría Pública Número 45, Fernando Nicolás ‘N’, señalado por su participación en un fraude inmobiliario y quien aparentemente se encuentra en España.
Pimentel González explicó que, como resultado de las investigaciones sobre las irregularidades detectadas, se le retiró el fiat al exnotario. “Gracias a eso nos pudimos dar cuenta de las irregularidades y se le retiró el fiat, el gobernador Manolo Jiménez tiene claro que no se pueden permitir irregularidades por parte de los notarios públicos”, declaró el funcionario. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Coahuila ya ha detenido a otros cómplices implicados en el caso.
Un grupo de 27 afectados denuncia un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos derivado de este fraude. Según lo informado por El Siglo de Torreón, se espera que antes del 15 de abril de 2026 se resuelva la restitución del daño para las víctimas.
