Washington, 25 de marzo de 2026.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró una audiencia clave el 24 de marzo de 2026 para evaluar las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, en medio de un despliegue operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos del país y contradicciones judiciales sobre casos de deportación.
Durante la sesión judicial, participaron el presidente de la Corte, John G. Roberts Jr., y la jueza Amy Coney Barrett, quienes examinaron argumentos presentados por Vivek Suri, asistente del fiscal general. La audiencia se centró en la legalidad de las restricciones al asilo migratorio implementadas por el gobierno trumpista en su segundo mandato.
Paralelamente, la jueza federal Dena Coggins emitió una orden para el regreso a Estados Unidos de María de Jesús Estrada Juárez, migrante mexicana protegida por el programa DACA, lo que contrasta con las acciones de deportación que ejecuta la administración presidencial. Otros casos documentados incluyen los de Sebastián Renoj y Mariza Marín, quienes enfrentan procesos migratorios bajo las nuevas políticas.
El operativo de ICE en aeropuertos forma parte de una estrategia de endurecimiento fronterizo que ha generado demandas legales, incluyendo una presentada en Minnesota que cuestiona acciones de agentes durante tiroteos reportados. Sin embargo, la investigación no especifica la identidad completa de los agentes involucrados ni el número exacto de personas detenidas durante el despliegue.
Desde México, la secretaría de Gobernación reportó que el programa ‘México te Abraza’ ha atendido a 189,830 mexicanos deportados hasta el 18 de marzo de 2026. Mariza Marín, directora del Puerto de San Ysidro de la CBP, emitió comunicados oficiales sobre el flujo migratorio en la frontera, mientras Tom Homan, asesor migratorio del trumpismo, realizó declaraciones políticas sobre la estrategia migratoria.
Las contradicciones entre órdenes judiciales favorables a migrantes y las políticas de deportación reflejan la complejidad del escenario migratorio actual. Fuentes oficiales mexicanas documentan apoyo a deportados, aunque medios como La Jornada han cuestionado la efectividad y transparencia de dichos programas.
El resultado final y votación específica del Tribunal Supremo sobre la política de asilo no ha sido reportado oficialmente, manteniéndose la incertidumbre sobre las consecuencias legales de las medidas implementadas. La situación continúa bajo observación de organizaciones de derechos migratorios y gobiernos de ambos países.
