Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que las capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp constituyen comunicaciones privadas inviolables y carecen de eficacia probatoria cuando se presentan sin el consentimiento de los interlocutores o sin garantizar su autenticidad. Esta resolución revoca una sentencia anterior y marca un precedente crucial para el uso de evidencia digital en procedimientos electorales y de violencia política.
El fallo surge a raíz de un caso específico que involucró a la diputada local con licencia Almendra Negrete Sánchez, militante de Morena, quien fue denunciada por violencia política en razón de género. La acusación se basó en capturas de pantalla de un intercambio de mensajes privados entre la ciudadana María Emma Zermeño López y un tercero, las cuales fueron aportadas inicialmente ante un notario. Aunque la Sala Regional del tribunal consideró lícitas dichas pruebas bajo el argumento de la aportación voluntaria, la instancia superior rechazó este criterio al considerar que se vulnera la privacidad de las comunicaciones.
En el proyecto de resolución, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña estableció que el uso de comunicaciones privadas en cualquier procedimiento sancionador debe someterse a un estándar reforzado de voluntariedad, trazabilidad y autenticidad. Según la doctrina aplicada, para que una prueba digital sea válida, debe existir certeza de que no ha sido manipulada y que su obtención respetó los derechos fundamentales de los participantes en la conversación, evitando la difusión no consentida de datos personales.
Esta decisión implica que, de ahora en adelante, las capturas de pantalla aisladas no serán suficientes para demostrar hechos en litigios electorales o de violencia de género si no se cumple con la cadena de custodia digital adecuada. El tribunal enfatizó que la inviolabilidad de las comunicaciones privadas es un derecho constitucional que prevalece sobre la facilidad de aportar evidencia obtenida de manera informal a través de aplicaciones de mensajería instantánea.
La controversia jurídica destacó la divergencia de criterios entre las salas del organismo. Mientras que la instancia regional validó la prueba por haber sido entregada voluntariamente por uno de los involucrados, la Sala Superior priorizó la protección del secreto de las comunicaciones, señalando que la mera disponibilidad técnica de una captura no otorga veracidad ni legalidad al contenido expuesto.
Con este precedente, el sistema de justicia electoral mexicano ajusta sus protocolos para enfrentar la era digital, obligando a las partes que pretendan usar mensajes de WhatsApp como prueba a demostrar no solo el contenido, sino el origen lícito y la integridad de la información. Se espera que esta jurisprudencia influya en futuros casos donde se debatan derechos digitales y procesos sancionadores contra funcionarios públicos.
