Ciudad De México, 14 de abril de 2026.- Los ejidos y comunidades en México representan el 50.7% del territorio nacional, agrupando a 3,266 núcleos agrarios. Sin embargo, solo el 48% de estos cuenta con sus órganos de representación actualizados, una situación que Arturo García Jiménez, asesor de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades, calificó como “preocupante”.
La ausencia de órganos de representación vigentes imposibilita a los ejidos realizar trámites esenciales, como abrir cuentas bancarias, obtener su registro federal de contribuyentes o solicitar apoyos a dependencias federales para la explotación de bosques.
De las 8,764 solicitudes de depuración de padrones recibidas por el Registro Agrario Nacional, que corresponden al 27% del total de núcleos agrarios del país, únicamente 1,589 se han actualizado, lo que representa apenas el 4.9%.
Además, solo el 25% de los ejidos ha elaborado o renovado su reglamento interno o estatuto comunal, y la mayoría de estos documentos presenta deficiencias. En contraste, el 64% de los ejidatarios sí cuenta con su lista de herederos actualizada.
Este escenario se deriva del marco legal establecido en 1992, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari promulgó la Ley Agraria. Dicha legislación permitió la privatización de la tierra mediante certificados de dominio pleno, facultando a los ejidatarios para vender o rentar sus tierras a empresarios nacionales y extranjeros a través de concesiones mineras, explotaciones forestales, agricultura por contrato y captura de carbono.
Ante este contexto, García Jiménez señaló que se “requieren un cambio de timón” para devolver la tierra a los despojados y establecer candados a los elementos jurídicos que facilitaron los hurtos.
