Por Redacción
Torreón, 21 de marzo de 2026.- Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Torreón se manifestaron este sábado frente a la presidencia municipal para denunciar actos de corrupción y hostigamiento laboral dentro de la Dirección de Ingresos de la Tesorería. Los empleados acusaron que personal contratado externamente está realizando las funciones que les corresponden, lo cual les impide trabajar y allege facilita la comisión de irregularidades con dinero recuperado de deudores del impuesto predial.
Rosalva Rodríguez, secretaria general del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Servicio Público del Estado y sus Organismos Descentralizados (SUETSRT), encabeza las demandas del grupo, quienes señalaron específicamente al subdirector de Ingresos, Miguel Ramos, y al director de la área, Roberto Barrios, como responsables de permitir estas prácticas. Según los manifestantes, la presencia de personal externo en las oficinas de la Plaza Mayor, mientras el personal base queda inactivo, propicia lo que denominaron “tranzas” con fondos municipales.
Las protestas ocurrieron en el contexto de un crecimiento significativo del presupuesto municipal, el cual pasó de 2 mil 850 millones de pesos ejercidos en 2022 a casi 6 mil millones en 2026. Los trabajadores argumentan que la reestructuración operativa no responde a necesidades técnicas, sino a intereses opacos que ponen en riesgo la integridad de la recaudación. Las oficinas de Rezagos y Notificaciones, ubicadas en el antiguo edificio del Banco de México en avenida Morelos y calle Cepeda, también se ven afectadas por esta dinámica de desplazamiento de funciones.
Ante las acusaciones, el alcalde Román Alberto Cepeda González reconoció la inconformidad pero la atribuyó a “ajustes” necesarios para mejorar la eficiencia del área de Ingresos. El edil defendió al director Roberto Barrios y negó que exista un riesgo laboral para los trabajadores sindicalizados, calificando las denuncias de corrupción como “argumentos que se respetan y validan”, aunque insistió en que se trata de reacomodos administrativos y no de actos ilícitos.
La administración municipal, que incluye al tesorero Javier Lechuga Jiménez y al secretario del Ayuntamiento Eduardo Olmos Castro, mantiene su postura de que los cambios buscan optimizar la recolección de fondos en un periodo de expansión presupuestal. Sin embargo, los sindicalizados mantienen su exigencia de claridad sobre la identidad y procedencia del personal externo contratado por honorarios, así como evidencia concreta que desmienta o confirme los supuestos desvíos de recursos que aseguran están ocurriendo bajo la actual gestión de la Tesorería.
