Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- El gobierno de Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República una nueva iniciativa de reforma electoral, denominada “Plan B”, centrada en medidas de austeridad y recortes presupuestales, después de que la Cámara de Diputados rechazara una reforma constitucional más amplia. La propuesta, presentada este martes durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, incluye la reducción de regidurías municipales, un tope al gasto de los congresos locales y una reducción progresiva del presupuesto del Senado, además de mantener la elección popular de juzgadores para 2027.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de detallar los puntos principales de la iniciativa. Entre las medidas más destacadas se encuentra la reducción del número de regidurías en los ayuntamientos, estableciendo un máximo de 15 y un mínimo de 7. Asimismo, se propone un tope presupuestal para los congresos locales, limitando su gasto al 0.7% del gasto total de su entidad federativa. Para el Senado de la República, se plantea una reducción progresiva de sus gastos hasta alcanzar un 15%.
En materia de justicia, el Plan B mantiene la elección por voto popular de 850 juzgadores del Poder Judicial de la Federación, programada para el año 2027. Esta decisión parece zanjar un debate interno, ya que previamente se había analizado la posibilidad de posponer este proceso hasta 2028, según fuentes partidistas citadas en la investigación.
La iniciativa surge como una respuesta directa al rechazo legislativo que enfrentó la reforma constitucional original propuesta por la presidenta Sheinbaum, la cual buscaba, entre otros cambios, reducir el número de legisladores plurinominales y modificar el financiamiento a los partidos políticos. Al enfocarse en aspectos de gasto y estructura administrativa que no requieren modificar la Constitución, o que podrían encontrar mayor consenso, el gobierno busca avanzar en su agenda de “austeridad republicana”, pilar de la llamada Cuarta Transformación.
La inclusión de la revocación de mandato para los años 2027 o 2028 dentro del paquete legislativo ya generó las primeras reacciones políticas. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, se pronunció al respecto, aunque la investigación no detalla el contenido exacto de su declaración. Se desconoce la postura oficial y detallada de otros partidos con representación en el Congreso, como Morena, PAN, PRI, PRD, PT y PVEM, frente a esta nueva propuesta.
El envío de este Plan B al Senado marca un nuevo capítulo en la estrategia legislativa del gobierno de Sheinbaum. Aunque se desconoce el monto específico de ahorro que proyectan estas medidas, su aprobación dependerá de la capacidad de la administración para construir acuerdos en un Congreso donde su reforma original no prosperó. El proceso de discusión en la Cámara alta definirá el futuro de esta propuesta de austeridad en el sistema político mexicano.
