Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, sentenciado como el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, al calificar el tema como un asunto de Estado que no debe resolverse mediante decisiones unilaterales del Ejecutivo. La declaración surge en medio de la reapertura de investigaciones judiciales sobre el magnicidio ocurrido en 1994, específicamente respecto a la hipótesis de un segundo tirador.
Durante su intervención pública, la jefa del Ejecutivo federal estableció que la situación procesal de Aburto Martínez trasciende la voluntad personal del presidente en turno, vinculando el caso a la institucionalidad y la justicia histórica del país. Esta postura se emite mientras el Poder Judicial de la Federación analiza documentos relacionados con la participación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuya apelación se encuentra actualmente en suspenso.
La posición de Sheinbaum contrasta con los señalamientos realizados por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ha afirmado que la titular del Ejecutivo posee la facultad legal para conceder el indulto, pero carece de la voluntad política para hacerlo. El legislador ha cuestionado las acciones del régimen actual, argumentando que se utiliza el tema para generar ruido mediático y justificar tropelías, en lugar de cerrar el capítulo judicial de manera definitiva.
En respuesta a las críticas y al perfilamiento político del senador Colosio Riojas, la presidenta hizo referencia irónica a las aspiraciones electorales del legislador, quien busca la gubernatura de Sonora a pesar de haber sido elegido como representante popular por el estado de Nuevo León. Este cruce de declaraciones subraya la tensión política que rodea el aniversario del asesinato y las nuevas diligencias ordenadas por la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con información judicial citada por medios especializados, la investigación actual se centra en determinar si existió un complot detrás del ataque en Lomas Taurinas, aunque la FGR no ha mencionado oficialmente que se haya tratado de una conspiración organizada. Mientras tanto, la condena de Mario Aburto Martínez sigue vigente, sin que se vislumbre una modificación en su estatus penitenciario bajo la administración actual.
El debate sobre el indulto pone sobre la mesa la interpretación de las facultades presidenciales en casos de alto impacto nacional, dividiendo opiniones entre quienes exigen clemencia o revisión profunda del caso y aquellos que, como la presidenta Sheinbaum, insisten en mantener el curso de la justicia tal como fue dictada por los tribunales, evitando intervenciones ejecutivas que puedan reinterpretar los hechos de hace más de tres décadas.
