Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes el envío al Congreso de la Unión de una nueva iniciativa de reforma electoral, denominada “Plan B”, que se centra en reducir el presupuesto de los congresos locales y el número de regidores en los ayuntamientos, con el objetivo de reorientar esos recursos hacia obra pública en estados y municipios. La propuesta, que será remitida formalmente este martes 17 de marzo, representa un repliegue táctico del gobierno federal después de que una iniciativa más ambiciosa, conocida como “Plan A”, fuera rechazada en la Cámara de Diputados el pasado 11 de marzo, incluso con el voto en contra de sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Sheinbaum explicó que el nuevo acuerdo con el PT y el PVEM permitirá avanzar con esta propuesta más acotada, la cual estima generará un ahorro aproximado de 4,000 millones de pesos. “El objetivo es reorientar presupuesto de congresos locales, el Senado y reducir regidores, para que esos recursos se queden en municipios y estados para obra pública”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional. La iniciativa busca etiquetar específicamente los fondos liberados por estos recortes para ser aplicados en infraestructura.
El anuncio se produce tras una intensa negociación durante el fin de semana para recomponer la alianza parlamentaria. Análisis previos, como el publicado en Quadratín bajo el título ‘Oraciones a San Lázaro’, caracterizan esta nueva propuesta como una carga de austeridad que recaerá principalmente en los gobiernos estatales y municipales, lo que según críticos podría vulnerar el principio de federalismo. Dicho análisis también señala que el Plan B “salva” a instituciones federales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como a los partidos políticos a nivel nacional, focos de controversia en la iniciativa original.
La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, fueron mencionados como figuras clave en la construcción de este nuevo consenso. Sheinbaum también reiteró que su gobierno mantendrá el objetivo de reducir los privilegios de los partidos políticos, una meta que reconoció no se logró incluir en esta propuesta y sobre la cual insistirá en el futuro.
Reportes periodísticos ilustran la disparidad de costos que se busca atacar, citando como ejemplo que el costo por legislador en Baja California asciende a 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.1 millones. La iniciativa fracasada la semana pasada, el Plan A, incluía propuestas más radicales como reducir la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes, lo que generó reticencias entre los partidos aliados, quienes, según análisis de Arturo Zárate Vite, temían la consolidación de un partido hegemónico y poner en riesgo su propio registro.
El camino legislativo que seguirá el Plan B y los detalles específicos sobre el número de regidores y legisladores locales a reducir aún no han sido divulgados. La aprobación de la reforma dependerá de la capacidad del oficialismo y sus aliados para mantener la unidad en el Congreso, en un contexto donde la oposición ha mostrado su rechazo a iniciativas que, a su juicio, buscan concentrar poder.
