Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes un Plan B de reforma electoral que plantea recortes presupuestales a congresos locales y regidores municipales, después de que su iniciativa más amplia fuera rechazada la semana pasada en la Cámara de Diputados. La propuesta, que será enviada al Congreso este martes, se enfoca en reducir lo que el gobierno considera “privilegios” en legislaturas estatales y ayuntamientos.
El anuncio se realizó durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde Sheinbaum explicó que esta versión recortada deja de lado temporalmente los cambios al Instituto Nacional Electoral (INE), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y partidos políticos federales, que habían generado mayor controversia en el Plan A.
Según datos presentados, el costo por legislador en Baja California alcanza los 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.1 millones de pesos. La iniciativa busca eliminar 25 diputados en cada uno de estos congresos locales como parte de las medidas de austeridad. El gobierno estima un ahorro aproximado de 4,000 millones de pesos que serían redirigidos a obras públicas.
El Plan B surge después del revés legislativo del 11 de marzo, cuando el PT y el PVEM, aliados tradicionales de Morena, votaron en contra de la reforma electoral original. Esta nueva propuesta requiere su aprobación en al menos 17 congresos locales para ser implementada, un proceso que podría extenderse varios meses.
La iniciativa se enfoca específicamente en reducir el gasto operativo de los poderes legislativos estatales y los cargos de regidores en municipios, aunque aún no se ha precisado el mecanismo legal para “etiquetar” los ahorros hacia proyectos de infraestructura. Sheinbaum señaló que la reducción del financiamiento a partidos políticos “no se logró ahora” pero seguirá siendo parte de la agenda de su gobierno.
Analistas políticos consideran que este movimiento representa una estrategia para mantener viva la agenda de reforma electoral del gobierno, aunque en una versión más acotada que podría tener mayores posibilidades de ser aprobada. La oposición ha señalado que vigilará de cerca el contenido específico de la iniciativa cuando sea presentada formalmente al Congreso.
