Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- El Senado de la República tiene previsto iniciar la discusión legislativa del llamado Plan B electoral, una reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, durante las sesiones programadas para el 24 y 25 de marzo. La agenda contempla el análisis de puntos centrales como la reducción de privilegios y gastos en congresos federales y locales, así como en los órganos electorales, incluyendo al Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales electorales.
Entre los ejes principales de la propuesta destaca la modificación de los plazos para solicitar la revocación de mandato del Poder Ejecutivo Federal, buscando adelantar esta posibilidad al tercer año de gobierno, cuando actualmente está establecida para el cuarto año. Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, son los involucrados clave en la conducción de este proceso legislativo.
En relación con los costos asociados a los mecanismos de participación ciudadana, proyecciones basadas en la elección intermedia de 2021 estiman un costo unitario de aproximadamente 35 pesos por voto para una consulta de esta naturaleza. Dicha cifra toma como referencia una participación del 52.7% y un universo de 48.8 millones de votantes registrados en ese periodo.
El contexto digital alrededor de la iniciativa muestra señales de polarización. Un análisis de conversación digital realizado por MW Group indica que el 21% de las interacciones en redes advierten sobre riesgos potenciales para la democracia, la paridad de género y la libertad en internet, aunque la investigación no detalla las posturas oficiales ni los votos previstos de los demás grupos parlamentarios en el Senado.
La discusión de la próxima semana se llevará a cabo en la Ciudad de México, sin que hasta el momento se haya hecho público el contenido completo y texto oficial de la reforma, ni los detalles específicos sobre cómo se instrumentará la reducción de privilegios en las cámaras legislativas y organismos electorales. La agenda legislativa del Senado para estos días se centrará en este tema, pendiente de definiciones sobre su trámite final.
