Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- El Senado de la República inició el debate sobre la iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B”, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual enfrenta críticas y reservas de partidos de oposición e incluso de aliados del gobierno. La propuesta, que incluye un recorte presupuestal progresivo del 15% al Instituto Nacional Electoral (INE) y un tope salarial para sus consejeros, es vista por algunos legisladores como un intento de influir en los comicios de 2027 más que una reforma de fondo.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, criticó duramente la iniciativa, señalando que no resuelve problemas centrales como el dinero del narcotráfico en las elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena. “Es una farsa la revocación de mandato y hay torpezas vulgares como eliminar la paridad en los Ayuntamientos”, afirmó. Aunque su bancada apoya el recorte presupuestal, advirtió que otros aspectos podrían generar mayores costos operativos en los municipios.
Dentro del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, surgieron posturas divergentes. El dirigente nacional, Benjamín Robles, anunció respaldo al Plan B pero expresó reservas sobre la fecha planteada para la revocación de mandato, prefiriendo que se realice en 2028 y no en 2027 para evitar riesgos a la equidad. “Cuestionamos que el proceso sea impulsado desde el gobierno y no por la ciudadanía”, dijo. En contraste, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que votará a favor de la iniciativa sin condiciones.
La propuesta establece un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros del INE, quienes actualmente perciben alrededor de 262 mil pesos brutos al mes, un monto superior al salario de la presidenta de la República. El instituto defiende su autonomía presupuestal y sus altos sueldos, en un conflicto que se arrastra desde 2018. Además, la iniciativa modificaría el número de regidurías en 1,145 municipios: 56 verían una reducción y 1,089 un aumento.
El diputado Rubén Moreira alertó que el Plan B representa un retroceso democrático al permitir la participación del Ejecutivo en campañas a través de la revocación de mandato, un instrumento que ya fue utilizado en 2022 y criticado por servir como promoción política. “Busca influir en los comicios de 2027, no es una reforma de fondo”, señaló. La discusión en el Senado continuará en los próximos días, mientras se espera la postura oficial de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
