Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras excluir de la votación final la modificación al artículo 35 constitucional que buscaba adelantar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027. La decisión legislativa se centró en la aprobación de cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, orientados principalmente a generar ahorros presupuestales en congresos locales, ayuntamientos y el propio Senado, así como en las remuneraciones de funcionarios electorales.
Con esta determinación, queda fuera del dictamen la pieza central de la propuesta original del Ejecutivo federal que pretendía permitir la promoción del proceso de revocación durante el tercer o cuarto año de gestión. Morena celebró el aval legislativo calificándolo como un triunfo popular enfocado en la reducción de privilegios y el aumento de la rendición de cuentas a nivel local. Por su parte, representantes del PAN y del PRI consideraron un logro de la oposición haber impedido los cambios relacionados con el mecanismo de revocación, argumentando que se evitó convertir dicha herramienta en un instrumento al servicio del poder.
En redes sociales, la secretaria general del PAN, Michel González, afirmó que con la exclusión de este punto ganó la ciudadanía y se perdió la simulación. Mientras tanto, el Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, replicó mensajes de apoyo a la presidenta tras la votación, aunque su postura fue determinante para que la iniciativa llegara al pleno sin el apartado de la revocación anticipada. Alberto Anaya, dirigente del PT, fue identificado entre los involucrados en las negociaciones que derivaron en este escenario.
Previo a la aprobación, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó argumentos técnicos y financieros sobre la operación de los procesos comiciales. Martín Faz y Carla Humphrey, consejeros del organismo, participaron en el debate donde se expuso que la eliminación del llamado ‘bono electoral’ podría resultar más costosa para las arcas públicas debido al pago de horas extras. Según datos presentados por el INE, en los tres últimos procesos comiciales se pagaron 2,419 millones de pesos bajo este concepto: 449.2 millones en 2022, 964.9 millones en 2024 y mil 5 millones en 2025.
El instituto electoral estimó que, sin el bono, los costos por horas extras habrían sido superiores, proyectando montos de 603.5 millones para 2022, mil 136 millones para 2024 y mil 321 millones para la elección del Poder Judicial. La reforma aprobada ahora deberá ser turnada y discutida en la Cámara de Diputados para su posible ratificación, cerrando así la primera mitad del intento de modificación al marco legal electoral del actual sexenio.
