Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en la madrugada de este jueves la reforma constitucional conocida como ‘Plan B’ electoral, con un marcador de 87 votos a favor y 41 en contra. La votación, realizada cerca de la medianoche del 25 de marzo, confirmó la exclusión de la revocación de mandato presidencial para el proceso de 2027, descartando así la posibilidad de que la consulta coincida con las elecciones intermedias de junio de ese año.
La decisión final fue impulsada por la postura del Partido del Trabajo (PT), cuya bancada se negó a apoyar la enmienda al artículo 35 constitucional que permitía adelantar el mecanismo de rendición de cuentas. Según el contexto de la discusión legislativa, los integrantes del PT fundamentaron su posición en la necesidad de separar el ejercicio de la revocación de las campañas partidistas para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad del país.
Como consecuencia de esta exclusión, la revocación de mandato se regirá bajo los plazos de la ley vigente, lo que implica que la solicitud para dicho proceso solo podrá realizarse a finales de 2027, llevando a cabo la consulta hasta 2028. Esto descarta automáticamente cualquier escenario en el que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pudiera someterse a este escrutinio durante el periodo electoral intermedio.
Tras la votación, surgieron posturas divergentes dentro de la propia coalición oficialista. Mientras el senador Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, presentó el resultado como un éxito al mantener la unidad del bloque y aprobar el núcleo principal de la iniciativa, la presidenta Sheinbaum expresó su desacuerdo con la eliminación de la figura de revocación, calificando la medida como algo “malo para el país”. La mandataria negó previamente que la inclusión de este mecanismo tuviera tintes electorales o buscara su aparición en la boleta de 2027.
En contraste con la visión del coordinador de Morena sobre la unidad, la dinámica legislativa evidenció tensiones respecto a los alcances originales del proyecto. A pesar de las diferencias expresadas por la jefa del Ejecutivo, la aprobación del dictamen en el Senado marca un paso definitivo en la transformación del marco legal electoral, priorizando la reducción de privilegios y otros ajustes institucionales sobre la modificación de los tiempos de la revocación de mandato.
Con este desenlace, el ‘Plan B’ avanza en su trámite legislativo consolidando una reforma que, aunque mutilada en su componente de participación ciudadana inmediata, cuenta con el respaldo mayoritario en la Cámara alta. La atención política se centra ahora en los siguientes pasos procedimentales y en cómo operará la nueva configuración electoral sin la herramienta de revocación anticipada que fue demandada inicialmente por sectores del oficialismo.
