Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó el 1° de abril en el Diario Oficial de la Federación dos Acuerdos para implementar medidas de simplificación administrativa en trámites ambientales, las cuales entrarán en vigor a partir del 22 de abril. El objetivo declarado es reducir los tiempos de gestión; en algunos casos, el plazo máximo de atención pasará de tres meses a 20 días hábiles y los requisitos se disminuirán de 12 a cinco.
Entre las modificaciones específicas, los trámites SEMARNAT-04-002-A y SEMARNAT-04-002-B se fusionan en el trámite SEMARNAT-04-002, relativo a la recepción, evaluación y resolución de la manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular. De igual forma, los trámites SEMARNAT-04-003-A y SEMARNAT-04-003-B se unifican como SEMARNAT-04-003 para la modalidad regional. Asimismo, los trámites SEMARNAT-04-006 y SEMARNAT-04-007 quedan fusionados en el SEMARNAT-04-006, sobre solicitud de exención o no requerimiento de autorización.
Por otra parte, se modifica el trámite SEMARNAT-04-005, que ahora se denomina ‘Renuncia de la autorización en materia de impacto ambiental, sin haber iniciado obras o actividades’. También se ajustó el trámite SEMARNAT-04-008, referente a modificaciones de obra o actividad en proyectos autorizados, reduciendo sus requisitos de seis a cuatro.
En el ámbito judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el 26 de marzo de 2026, con siete votos contra dos, el decreto de junio de 1994 que declaró como área natural protegida la región de Yum Balam, en Quintana Roo. El proyecto fue impulsado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía y protege 154 mil hectáreas del municipio de Lázaro Cárdenas. Los ministros Sara Irene Herrerías Guerra y Hugo Aguilar Ortiz votaron en contra de esta determinación.
La SCJN tiene programada para el 9 de abril de 2026 la discusión de dos proyectos relacionados con el decreto del 22 de marzo de 2022 que declaró al Lago de Texcoco como Área de Protección de Recursos Naturales, el cual abarca más de 14 mil hectáreas en cinco municipios del Estado de México. Uno de los proyectos, del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz (amparo en revisión 480/2025), concluye que se respetaron los derechos de audiencia y consulta del ejido de Atenco.
El segundo proyecto, de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra (amparo en revisión 479/2025), propone revocar una sentencia de abril de 2022 que concedió protección federal al Comisariado Ejidal de Atenco. Los ejidatarios alegaron la violación al artículo 27 constitucional por el cambio unilateral en el uso de 537 hectáreas de sus tierras dentro del área protegida.
En temas locales de medio ambiente, en Saltillo, Coahuila, cerca del 90% de las plazas públicas carecen de suministro de agua, lo que limita las labores de reforestación, según informó Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Espacios Urbanos. Se estima que solo alrededor de 10 de las 955 plazas cuentan con organización vecinal para el pago del servicio.
En Lerdo, Durango, regidores de Morena y PAN manifestaron no haber sido informados sobre el retiro de árboles junto a la presidencia municipal. Nalleli Rosales Cruz, presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, señaló: “vivimos una situación difícil con este calor, con el calentamiento global, con la contaminación que hay en nuestra ciudad y nuestro país”. Por su parte, el regidor Gerardo Delgado Cruz declaró: “No me di cuenta de eso hasta cuando ya estaba la retroexcavadora ahí. Esto es un llamado para la presidenta para que vea que por el hecho de ser presidenta no puede talar árboles, aunque nos digan que hay un dictamen que dice que el árbol puede estar levantando las banquetas, hay otras formas de remediar esos males”.
