Por Redacción:
Ciudad de México, 1 de octubre de 2025. En comparecencia ante el Pleno del Senado este 30 de septiembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que el Gobierno de México “no tiene compromisos mafiosos ni pactos con criminales” y advirtió que “si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”. El posicionamiento quedó asentado en la sesión de la glosa del Primer Informe de Gobierno y fue recogido por medios nacionales que cubrieron en directo la intervención de la funcionaria.
Rodríguez Velázquez situó el mensaje en la política de “cero corrupción y cero impunidad” y defendió la estrategia de seguridad del Ejecutivo, al destacar la coordinación interinstitucional y programas de prevención. La Secretaría de Gobernación difundió paralelamente una nota institucional sobre la comparecencia con los ejes de su intervención.
La sesión transcurrió en un contexto de escrutinio por parte de la oposición y de seguimiento a pesquisas federales. En el intercambio con senadores, la titular de Gobernación reiteró que habrá más personas procesadas por el llamado “huachicol fiscal”, una investigación en curso mencionada por diversas oficinas del gobierno y reportada por la prensa durante la jornada; medios como Infobae, El Universal, Latinus y El Imparcial consignaron sus declaraciones textuales sobre futuras judicializaciones, sin que ello prejuzgue responsabilidades individuales.
En la parte política, el posicionamiento de la Secretaría de Gobernación coincidió con mensajes públicos de respaldo a una agenda de seguridad que el oficialismo denomina “humanista”, centrada —según el propio Ejecutivo— en la atención de causas y en la coordinación de fuerzas federales, estatales y municipales. Crónicas parlamentarias y comunicados partidistas dan cuenta del cuestionamiento opositor y del cierre de filas del bloque gobernante durante la comparecencia.
En el plano de contexto inmediato, la exposición de Rodríguez se produjo tras un fin de semana marcado por episodios de violencia en Michoacán —ataques armados y bloqueos— que autoridades locales atribuyeron a disputas entre grupos criminales, hechos documentados por prensa nacional e internacional; también llega después del anuncio presidencial de julio sobre una iniciativa de ley general contra la extorsión, que busca homologar la persecución de ese delito en todo el país. Estos antecedentes ayudan a entender el énfasis de la funcionaria en la respuesta institucional y en la advertencia de consecuencias legales para quien infrinja la ley.
