SEDAPIA reconoció atención gradual a la violencia contra mujeres jornaleras
Por Redacción:
Chilpancingo, Guerrero, 7 de agosto de 2025 — En entrevista telefónica publicada el 6 de agosto, el secretario de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Guerrero (SEDAPIA), Abel Bruno Arriaga, admitió que la violencia contra mujeres jornaleras es un problema estructural y cultural. Indicó que se emprendieron acciones públicas para atender esta situación, aunque de manera progresiva, en colaboración con gobiernos federal y estatal (El Sur, 6 de agosto de 2025).
Contexto y testimonios
El funcionario regional mencionó que los programas de capacitación productiva y emprendimiento se implementaron con base en los relatos de cuatro jornaleras indígenas originarias de la entidad. Estas mujeres narraron sus condiciones laborales en los campos agrícolas, haciendo énfasis en la falta de acceso a apoyos sociales en su lugar de origen y las difíciles situaciones que enfrentaban incluso estando embarazada.
Estrategias y políticas en marcha
Bruno Arriaga resaltó varios ejes clave de atención:
- Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, que incorpora la igualdad sustantiva con enfoque en derechos de mujeres indígenas y afromexicanas.
- El despliegue de programas como la Tarjeta Violeta, diseñada para favorecer la autonomía de madres solteras mediante formación en emprendimiento.
- Esfuerzos de vacunación contra el sarampión en la región de la Montaña de Guerrero, especialmente entre jornaleros que migran por trabajo a estados como Chihuahua, donde se registraron más de 3 000 contagios.
Coordinación interinstitucional y barreras estructurales
El titular de SEDAPIA reconoció que la Comisión Intersecretarial de Jornaleros Agrícolas suspendió temporalmente sus sesiones por coincidir con la organización del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), así como eventos relacionados que se llevaron a cabo el 7 y 8 de agosto en San Luis Acatlán, Tlacoapa y Chilpancingo.
Entre los principales desafíos, Arriaga apuntó:
- La necesidad de ampliar el empadronamiento de jornaleras y jornaleros para dar seguimiento a su salud y acceso a servicios públicos.
- La desconfianza institucional, pues muchas mujeres migrantes evitan acudir a los registros oficiales por miedo a ser engañadas o incurrir en prácticas informales.
- La existencia de intermediarios o “promotores” no autorizados que complican la regularización de estas trabajadoras agrícolas.
