Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) firmaron un convenio el 20 de marzo de 2026 con el objetivo de promover la igualdad sustantiva y la no discriminación en la función jurisdiccional. Este acuerdo se da en un contexto donde el Senado de la República impulsa la uniformidad de las leyes de género en los estados, mientras organizaciones de la sociedad civil exigen que los derechos de los pueblos indígenas sean vinculantes y no meramente declarativos, todo ello bajo la sombra de un caso judicial específico que ha generado cuestionamientos sobre la procuración de justicia.
El convenio entre la SCJN y el Conapred fue suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del organismo, Claudia Olivia Morales Reza. Aunque las instituciones han anunciado avances en materia de derechos humanos, la investigación no detalla los mecanismos concretos que se establecerán para incorporar la igualdad sustantiva en la labor de los jueces, ni se especifica si existen plazos o medidas de seguimiento para la armonización legislativa que se requiere en las entidades federativas.
En el ámbito legislativo, la senadora Malú Micher ha realizado un llamado para que las leyes de género sean uniformes en todo el país, buscando eliminar discrepancias normativas entre los estados. Esta iniciativa se suma a los esfuerzos institucionales por alinear el marco jurídico con los principios de no discriminación, aunque persisten vacíos de información sobre el estatus concreto de estas armonizaciones.
Por otro lado, organizaciones como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México han emitido un posicionamiento demandando una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional. Estas agrupaciones insisten en que los derechos de los pueblos indígenas deben tener carácter vinculante, criticando que actualmente solo permanecen como declaraciones sin fuerza ejecutiva real en la práctica jurídica.
La complejidad del sistema de justicia en México quedó evidenciada también por un caso concreto que contrasta con el discurso institucional de avance en derechos humanos. Se trata de una actuación de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien otorgó un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado de fraudes. Este evento ha sido señalado como una posible contradicción entre las announced políticas de justicia y la realidad de las decisiones judiciales, aunque no hay información disponible sobre la reacción del Poder Judicial ante estas críticas.
En el entorno de la transparencia y datos, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reportó que la Plataforma Nacional de Datos Abiertos ha sumado más de 5 mil bases de datos provenientes de 184 instituciones. Esta cifra representa uno de los repositorios de información más grandes de América Latina, sirviendo como herramienta para el escrutinio público de las acciones gubernamentales y judiciales.
El panorama actual refleja una tensión entre los acuerdos oficiales firmados por autoridades como Hugo Aguilar Ortiz y Claudia Olivia Morales Reza, y las demandas sociales que exigen efectividad en los derechos humanos. Mientras se buscan uniformar leyes y promover la no discriminación desde las altas esferas del poder, la sociedad civil y casos específicos en los tribunales ponen a prueba la capacidad del Estado mexicano para garantizar justicia e igualdad de manera tangible.
