Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió reservar por un periodo de cinco años la información referente a su parque vehicular, el cual consta de 151 unidades. La decisión fue tomada por el Comité de Transparencia del organismo en respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada en enero de este año, negando la difusión de datos como el modelo, costo y fecha de adquisición de los automóviles, así como la identidad de los ministros a quienes han sido asignados desde 1994.
En su resolución oficial, el Comité de Transparencia de la SCJN justificó la medida al señalar que informar detalles específicos sobre los vehículos “podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares” del Poder Judicial. El argumento central de la Corte es que la opacidad en estos datos es necesaria para “garantizar la seguridad, salud y, en consecuencia, la vida de las personas servidoras públicas usuarias de este Alto Tribunal”.
La solicitud de transparencia que motivó esta decisión surgió tras la revelación pública de la adquisición de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee destinadas a los ministros. Aunque la petición inicial no exigía datos sobre la asignación específica de cada unidad ni sus placas, el tribunal extendió la reserva a todo el historial de adquisiciones y asignaciones de su flota, abarcando más de tres décadas de operación.
Como resultado de este fallo, permanecen ocultos al público el monto total invertido en el mantenimiento y compra de las 151 unidades, así como las especificaciones técnicas y financieras de cada vehículo. Asimismo, no se dará a conocer qué ministro titular tiene asignado cada automóvil, manteniendo en confidencialidad la relación entre los funcionarios de alto nivel y los recursos materiales del poder judicial.
Esta medida de reserva coloca a la SCJN en una posición de excepción respecto a los estándares de transparencia habituales, priorizando la doctrina de seguridad institucional sobre el derecho de acceso a la información pública en materia de gastos operativos y asignación de bienes.
