Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El ministro Arístides Guerrero García presentará al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto que busca validar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pueda ordenar el bloqueo de contenidos en sitios de Internet.
El proyecto del ministro Guerrero García se listó para discusión el 9 de abril de 2026. La propuesta consiste en confirmar la sentencia del 31 de enero de 2025 del juzgado segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, que negó el amparo a la empresa Total Play.
El caso comenzó el 25 de julio de 2024, cuando varias empresas denunciaron ante el IMPI la difusión ilegal de películas en dos sitios de Internet y solicitaron su bloqueo. El IMPI admitió el trámite en agosto de 2024, decretó la medida provisional en septiembre y, tras el incumplimiento, ordenó en octubre a proveedores de Internet, entre ellos Total Play, bloquear los sitios.
En noviembre de 2024, Total Play promovió un amparo contra la orden y la norma que la sustenta. La empresa argumentó que la orden invade facultades del órgano regulador de telecomunicaciones, viola la libertad de expresión y el acceso a la información, y constituye una medida desproporcionada. El juez federal declaró constitucional el artículo 344, fracción VII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
De aprobarse el proyecto, la SCJN confirmaría la negativa del amparo y validaría la constitucionalidad de la norma impugnada. El asunto regresaría al décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito para resolver cuestiones de legalidad pendientes.
Por otro lado, un grupo de organizaciones, colectivos e instituciones académicas y civiles entregó a la SCJN una solicitud formal respaldada por 600 firmas ciudadanas para exigir a los ministros realizar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa, antes de emitir un fallo. La petición fue entregada el 25 de marzo de 2026 y dirigida al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.
La entrega fue realizada por representantes, entre ellos Daniel García Rodríguez, quien fue sujeto a prisión automática durante más de 17 años sin recibir sentencia. También participaron Brenda Quevedo, José Antonio Zúñiga Rodríguez e Israel Vallarta. “Es una petición justa, real y además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia”, dijo García Rodríguez.
El asunto de la prisión preventiva oficiosa sigue pendiente de discusión en la SCJN, en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile (2022) y García Rodríguez y otro vs. México (2023). En esos casos, el Estado mexicano fue condenado por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
Adicionalmente, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación instaló la visitaduría regional del órgano de evaluación del desempeño judicial para las regiones Ciudad de México uno y dos. La magistrada presidenta del TDJ es Celia Maya García. “La disciplina judicial debe asumirse como una práctica cotidiana de apego a reglas, principios y deberes, indispensable para preservar la confianza pública en la impartición de justicia”, expresó.
