Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó la suspensión de los permisos de más de 100 organizaciones de la sociedad civil para recibir donativos deducibles de impuestos, medida que afecta a entidades de alto perfil como Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La autoridad fiscal justificó la acción al señalar que dichas organizaciones no cumplieron con la reglamentación vigente para mantener su estatus de donatarias autorizadas.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el SAT, la suspensión implica que los contribuyentes ya no podrán deducir las donaciones realizadas a estas entidades mientras persista la irregularidad. Entre las organizaciones impactadas se encuentran algunas de las más influyentes en el ámbito de la educación, la seguridad pública y la competitividad económica en el país, lo que ha generado atención sobre los criterios específicos que no fueron satisfechos.
La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece consecuencias severas para este escenario: si la organización no logra recuperar su permiso en un plazo de 12 meses, está obligada a destinar todo su patrimonio a otra donataria que cuente con autorización vigente. Esta disposición legal pone en riesgo la continuidad operativa de las entidades si no logran subsanar los requisitos fiscales en el tiempo estipulado.
A pesar de la suspensión, algunas de las organizaciones afectadas han anunciado que ya se encuentran trabajando para resolver su situación frente al SAT. Según información contextual, estas entidades esperan recibir una respuesta sobre la reinstalación de su permiso a más tardar el 31 de marzo de 2026, fecha que marcaría el cierre del proceso de revisión actual.
La investigación señala que existe una discrepancia en las cifras reportadas, mencionándose en ocasiones “decenas de organizaciones” y en otras “más de 100”, sin que se haya especificado si se trata de grupos distintos o de la misma totalidad. Asimismo, no se ha hecho pública la lista completa de las entidades suspendidas ni el detalle exacto de los requisitos regulatorios que fueron incumplidos por cada una.
Este movimiento del SAT representa un cambio significativo en la relación entre el fisco y el tercer sector, al condicionar la capacidad de captación de recursos privados al estricto apego normativo. Las organizaciones ahora enfrentan un periodo crítico de regularización para evitar la liquidación de sus activos y la pérdida de su capacidad de influencia en políticas públicas.
