Por Redacción
Dinamita, 20 de marzo de 2026.- Un operativo policial realizado el miércoles 18 de marzo de 2026 en la localidad de Dinamita dejó un número indeterminado de personas privadas de la libertad, según denuncias del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua y el obispo Raúl Vera López. Las autoridades estatales confirman detenciones pero existen discrepancias en las cifras reportadas.
El Frente Unido y Raúl Vera López estiman que alrededor de 40 personas fueron detenidas durante el operativo, mientras que la Fiscalía General de Durango confirma la detención de 28 personas. La Liga Sindical de la Confección en Nazareno reporta 27 detenciones que califica como arbitrarias. Según Raúl Vera, sólo ocho de los detenidos tienen ubicación conocida al momento de esta publicación.
El conflicto tiene origen en el despido injustificado de cuatro trabajadores de la empresa Sotomex, dedicada al transporte de explosivos. El Frente Unido mantenía un plantón desde 2017 contra un megaproyecto industrial y en apoyo a los trabajadores despedidos. Las autoridades acusan a los detenidos de presuntos delitos de robo, extorsión y bloqueos, mientras que las organizaciones sociales describen la protesta como pacífica.
Entre los involucrados en el evento se encuentran la Policía Estatal, Guardia Nacional y Sedena, así como funcionarios como Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal General de Durango; Esteban Villegas Villarreal, Gobernador de Durango; y Betzabé Martínez Arango, Presidenta Municipal de Gómez Palacio. La empresa Sotomex y la CNTE también figuran entre los actores mencionados en el conflicto.
Familiares de las personas detenidas se manifestaron frente al Palacio de Justicia en Gómez Palacio exigiendo su liberación. Sin embargo, se desconoce el paradero y estado de salud de la mayoría de los detenidos, así como los nombres completos y datos de identificación de las personas privadas de la libertad.
Los familiares denuncian que no existió orden judicial que respaldara las detenciones. Hasta el momento, no se cuenta con una respuesta o postura oficial detallada de las autoridades estatales ante las acusaciones de represión formuladas por las organizaciones sociales y el obispo Raúl Vera López.
La discrepancia en las cifras de detenidos y la falta de información sobre el estatus legal de las personas privadas de la libertad mantiene la incertidumbre sobre el desarrollo del caso. Las fuentes de esta información provienen de comunicados y denuncias publicadas en el portal elsiglodetorreon.com.mx.
