Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México este delito se comete de manera sistemática y generalizada. La mandataria afirmó que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y negó que la crisis de desaparecidos pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad, argumentando que dicha definición de la ONU “es otra cosa” y no se adapta a la situación del país.
El pronunciamiento del organismo internacional señala que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad” y describe las desapariciones forzadas como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda recae en las familias y no en el Estado. El informe destaca un agravamiento de la crisis forense, con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido sostenidamente desde los 52,000 calculados en 2021. Además, se estima la existencia de más de 4,500 fosas clandestinas donde se han localizado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos.
En respuesta, Sheinbaum advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU y acusó al documento de estar “orientado” a criticar al Estado mexicano. La presidenta sostuvo que el informe se basa únicamente en el análisis de unos cuantos casos en cuatro estados y en periodos anteriores a 2018. Por su parte, la cancillería de México calificó el informe de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años.
Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, rectificaró que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella”. Alcalde indicó que el análisis se basa en datos de 2009 a 2017 y que, tras un cribado realizado por el gobierno, solo un tercio de los registros (43,128) correspondería a personas desaparecidas, ya que se detectaron señales de actividad posterior en más de 40,000 casos. No obstante, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló que su evaluación no se limita a un periodo específico, sino que integra información acumulada durante más de una década, incluyendo 28,880 desapariciones reportadas entre enero de 2023 y abril de 2025.
Ante la controversia, la diputada Laura Ballesteros exigió la renuncia de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acusándola de ejercer un papel protector del Estado en lugar de acompañar a las víctimas. “Su renuncia como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es inaplazable. Le exijo la misma”, declaró Ballesteros, quien anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político. Por otro lado, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones y afirmó: “No pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”.
Mientras tanto, Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, calificó la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General como “muy importante e histórico”, sosteniendo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”. La Barra Mexicana de Abogados también exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité y a no descalificar la decisión, haciendo un llamado a aceptar la ayuda internacional.
