Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, responsable confeso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. La mandataria calificó el crimen como un “asunto de Estado” que no puede cerrarse mediante un beneficio legal, manteniendo la postura de que la investigación debe continuar para esclarecer todas las responsabilidades, incluyendo la participación de posibles coautores.
La declaración presidencial se produce en un contexto de tensión con el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de la víctima, quien ha solicitado públicamente el indulto para el reo. Según lo reportado, existe una discrepancia fundamental: mientras la jefa del Ejecutivo considera que el caso trasciende la esfera penal ordinaria, el legislador argumenta que la presidenta posee la facultad constitucional para conceder el indulto, pero carece de la voluntad política para hacerlo.
Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene activa una investigación contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), bajo la teoría de un segundo tirador. Sin embargo, Colosio Riojas ha cuestionado la novedad de esta línea de investigación, afirmando que dicha persona “ya la habían pescado hace 30 años”, lo que contrasta con la presentación de las autoridades sobre pruebas recientes y un proceso vigente.
El proceso judicial relacionado con Sánchez Ortega enfrenta retrasos significativos; su apelación lleva cuatro meses sin desahogarse desde noviembre de 2025. Esta demora ocurre a tres décadas del magnicidio, un evento que marcó la historia política contemporánea de México y que continúa generando debate sobre la impunidad y la capacidad del Estado para entregar verdad y justicia a las familias de las víctimas.
En medio de este debate, la presidenta Sheinbaum mencionó aspectos relacionados con la trayectoria política de Colosio Riojas, incluyendo referencias a una supuesta candidatura a la gubernatura de Sonora. Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta formal de la FGR o del Poder Judicial ante las acusaciones del senador sobre la politización del caso, ni se han detallado los pasos inmediatos que se tomarán para desahogar la apelación pendiente.
