Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- En medio del debate legislativo por la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, surgieron discrepancias entre los partidos aliados Morena, PT y PVEM respecto a la posibilidad de empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027. Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, manifestó su oposición a esta medida, argumentando que generaría inequidad política e inestabilidad, pudiendo derivar en periodos presidenciales reducidos a solo tres años.
Sandoval Flores reconoció abiertamente la existencia de ‘puntos de vista diferentes’ con Morena sobre este aspecto específico de la reforma. El legislador petista señaló que vincular la revocación con el proceso electoral podría ofrecer una ventaja injusta al partido en el poder y mantener la incertidumbre sobre la duración del mandato ejecutivo. Estas declaraciones contrastan con la postura de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, quien expresó confianza en el respaldo unánime del PT y el PVEM basado en un acuerdo firmado previamente, aunque admitió que existen voces internas en desacuerdo sobre la promoción del Ejecutivo durante la revocación.
Por su parte, Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), comentó que, si la presidenta le solicitara consejo, le diría que ‘no es necesario que se someta a la revocación de mandato’, no obstante, confirmó que su fracción votará a favor de la iniciativa. Esta dualidad refleja la tensión entre la lealtad al pacto de gobernabilidad y las preocupaciones técnicas sobre el diseño constitucional de la reforma.
Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT, afirmó que ‘hasta el momento’ el respaldo de su partido a la enmienda se mantiene firme, conforme a lo definido por la dirigencia nacional. Sin embargo, la postura de Sandoval sugiere que el tema ‘sigue haciendo ruido’ al interior del grupo parlamentario y que la decisión definitiva sobre la revocación permanece en análisis, pendiente de lo que resuelvan los senadores. Esta aparente contradicción subraya la complejidad de alinear las posturas de los socios de coalición en temas sensibles de reelección y continuidad.
En el ámbito electoral, Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), se refirió a la posibilidad de que la presidenta promueva la consulta de revocación como un ‘punto positivo’. El funcionario consideró que el impedimento actual para que el titular del Ejecutivo haga campaña durante este proceso constituye un ‘contrasentido democrático’, alineándose parcialmente con los argumentos de los impulsores de la reforma que buscan modificar el artículo 135 constitucional.
El debate continúa mientras se aproxima la votación en el pleno del Senado, donde se definirá el destino de los artículos controversiales del ‘Plan B’. La discusión central gira en torno a garantizar la paridad de género y establecer las reglas para una posible revocación de mandato simultánea a los comicios federales, un mecanismo que los críticos advierten podría alterar la estabilidad de los poderes en la República.
