Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- El diputado Arturo Ávila presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, por el presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada. Ávila señaló que esta conducta vulnera el artículo 134 constitucional al tratarse de propaganda con fines de promoción personal en obras y programas públicos.
Durante la presentación de la denuncia, el legislador exhibió imágenes de propaganda en la alcaldía que, aseguró, acreditan la promoción personalizada. Ávila acusó a la funcionaria de utilizar su cargo para posicionar su imagen con fines político-electorales y pidió frenar lo que calificó como una precampaña anticipada. “Lo que estamos viendo es a una funcionaria pública más preocupada por su promoción personal que por resolver las demandas básicas de la ciudadanía”, afirmó.
El diputado exigió al INE actuar con firmeza, ordenar el retiro del material y garantizar que no se utilicen recursos públicos para fines electorales anticipados de manera inmediata. Consideró que los hechos son graves y constituyen una violación constitucional clara.
Por otra parte, Luisa Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, detalló la función de la futura Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE, destinada a ayudar a los partidos políticos a detectar si sus aspirantes tienen vínculos delictivos antes de definir sus postulaciones. Alcalde explicó que este órgano no investigará directamente a los aspirantes, sino que operará como vínculo entre instituciones.
De acuerdo con la explicación, el proceso es voluntario: cada partido político decidirá si somete a su aspirante a investigación. La comisión del INE recibirá la solicitud y pedirá la indagación a instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro Nacional de Inteligencia.
Estas instituciones entregarán un reporte sobre si el posible candidato tiene “riesgo razonable” o no de vínculos con la delincuencia, información que el INE trasladará a los partidos políticos. A partir de lo dictaminado, serán las agrupaciones políticas quienes decidan si postulan o no a esa persona.
Luisa Alcalde aclaró que el INE no emitirá juicios propios ni tendrá facultades para impedir candidaturas, por lo que su rol se limitará a ser receptor y facilitador de la información entre las autoridades competentes y los partidos.
