Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó formalmente la iniciativa de la Ley General para la Prevención, Investigación, Sanción y Reparación del Delito de Feminicidio, con el objetivo de unificar los criterios legales en todo el territorio nacional y endurecer las sanciones contra los agresores. Durante la conferencia matutina, la mandataria estuvo acompañada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y contó con el respaldo inmediato de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien aseguró que la fuerza política respaldará sin duda la demanda ciudadana.
El núcleo de la propuesta legislativa establece que toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio, eliminando la posibilidad de que estos crímenes sean catalogados incorrectamente como suicidios o accidentes. La iniciativa impone penas de prisión de 40 a 70 años para quienes cometan este delito y lo declara imprescriptible, además de prever la pérdida automática de la patria potestad, tutela y derechos sucesorios para el responsable.
Ernestina Godoy detalló que la normativa incluye 21 agravantes específicas, las cuales aplican cuando la víctima es niña, adolescente, adulta mayor, tiene alguna discapacidad, pertenece a pueblos originarios o afrodescendientes, o cuando el crimen se comete frente a sus hijas o hijos. Asimismo, se contempla que la tentativa de feminicidio también será sancionada con prisión, con castigos que irán de la mitad hasta dos terceras partes de la pena correspondiente.
Claudia Sheinbaum enfatizó que el propósito central es erradicar la violencia feminicida y garantizar que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer. “El objetivo es que no importe en qué estado ocurra el crimen; la investigación debe ser rigurosa y la sanción igual de contundente en todo el territorio mexicano”, señaló la presidenta al explicar que la homologación de protocolos busca cerrar los vacíos legales locales que han permitido la impunidad.
La presentación de esta iniciativa se da en un contexto de urgencia estadística, pues el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 54 feminicidios registrados en México en lo que va de 2026. Ante estas cifras, la fiscal general afirmó que este delito, que afecta a miles de mujeres, debe llamar a la sociedad y a las instituciones a actuar para su erradicación definitiva.
Se prevé que el proceso legislativo incluya la modificación del Artículo 19 constitucional para elevar el feminicidio a la categoría de delito grave, asegurando así medidas cautelares más estrictas. La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación, marcando un cambio estructural en la forma en que el Estado mexicano aborda, sanciona y repara la violencia de género.
