Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar con carácter urgente la situación de México ante la Asamblea General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El organismo solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita el caso para que se consideren medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación y erradicación de la problemática.
El CED concluyó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Juan Albán-Alencastro, presidente del comité, subrayó que lo que define este tipo de crimen es el patrón de los ataques contra la población civil y su magnitud, no necesariamente que sean orquestados desde las altas esferas del gobierno. Como prueba de la gravedad, el comité citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos localizados, la mayoría sin identificar.
Ante esta resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente el informe, calificándolo de tendencioso y sesgado. Las autoridades mexicanas argumentaron que el documento ignora las actualizaciones y análisis presentados por la administración actual, incluyendo información entregada el 27 de marzo. La SRE afirmó: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas” y aseguró que los argumentos del CED no coinciden con los avances institucionales logrados desde 2019, particularmente a partir de reformas clave en julio de 2025.
El gobierno mexicano sostuvo que el marco del CED no corresponde a la realidad del país, ya que el procedimiento está diseñado para contextos donde las desapariciones son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado. Las autoridades destacaron que el propio informe reconoce en sus párrafos 117 y 118 que no existen indicios de una política federal para cometer ataques sistemáticos. Además, la cancillería indicó que el análisis se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se circunscribe a solo cuatro estados de la República.
México cuestionó el rigor jurídico del documento y señaló que al menos uno de los integrantes del CED trabajó para organizaciones que han denunciado al Estado mexicano. No obstante, el gobierno reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, advirtiendo que esta “no [será] a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”. Entre las herramientas actuales que la SRE lamentó que el comité no considerara están la Alerta Nacional de Búsqueda, la Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
Por su parte, Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano y lamentó que no se aproveche la oportunidad para reconocer la dimensión del problema. “Es una muy mala señal”, dijo Corcuera, quien aclaró que la responsabilidad internacional del Estado abarca todos los órdenes de gobierno y que la definición utilizada por el comité es un estándar consolidado en el derecho internacional.
