Por Redacción
Iguala, 23 de marzo de 2026.- Nuevas líneas de investigación en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han llevado a las autoridades a centrar su atención en la funeraria ‘El Ángel’, ubicada en Iguala, un establecimiento que previamente había sido investigado y desechado por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI). La reactivación de esta pista se da bajo un nuevo esquema de trabajo implementado por la fiscalía del caso, encabezada por Mauricio Pasarán.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que la funeraria opera de manera ‘muy irregular’, lo que motiva las actuales diligencias. Aunque la mandataria confirmó que se están realizando análisis telefónicos rigurosos y se han detenido a los dueños del establecimiento, prefirió que sea la Fiscalía quien brinde los detalles específicos para no interferir en el proceso legal en curso.
En medio de esta reactivación, la estrategia del gobierno federal prioriza el diálogo directo con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos. Sheinbaum mencionó que ya instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, para que se reúna con los familiares y les explique los avances del caso antes de hacerlos públicos, manteniendo la reserva necesaria para proteger la integridad de la investigación.
Este giro en la indagatoria representa una contradicción respecto a las conclusiones anteriores del GIEI, que en su momento descartó la relevancia de este sitio. Ahora, bajo la dirección del nuevo fiscal, se busca establecer evidencia concreta que vincule a la funeraria con los hechos de 2014, aunque aún no se han divulgado los resultados definitivos de los hallazgos ni el contenido completo del informe solicitado por la presidencia.
La investigación se mantiene en una fase crítica donde las autoridades trabajan para corroborar datos que permanecieron sin resolución en años anteriores. La detención de los propietarios de ‘El Ángel’ marca un punto de inflexión en las nuevas diligencias, mientras las familias de las víctimas aguardan respuestas claras sobre el paradero de sus hijos en un caso que continúa siendo prioritario para la agenda nacional de derechos humanos.
