Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas, mientras que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de forma urgente la situación a la Asamblea General.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que se trata de un informe tendencioso y señaló que es una decisión parcial y sesgada. El gobierno mexicano acusó que el documento se presentó con omisión y no consideró los esfuerzos institucionales ni la información actualizada que proporcionó el Estado.
Según el gobierno de México, el informe omite observaciones, análisis y actualizaciones presentadas sobre las reformas impulsadas en 2019 y 2025. Además, reclamó que el documento se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se limita a cuatro entidades.
El gobierno argumentó que el procedimiento aplicado por el Comité está diseñado para contextos donde las cifras de desaparecidos son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual no corresponde a la realidad actual del país. En un comunicado, el gobierno citó: “El propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
Por su parte, el CED publicó su decisión el 2 de abril de 2026 y afirmó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Según el organismo, se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en distintas partes del territorio nacional.
Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, declaró: “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”. El CED tomó nota de la postura del Gobierno de México en el sentido de que muchas desapariciones son perpetradas por grupos delictivos, pero señaló que en algunos casos recibió información que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos.
México concentra el mayor número de acciones urgentes por desaparición en el mundo, con 819 registros. De estas, 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026. La organización civil Idheas señaló que ese escenario revela fallas estructurales en los sistemas de búsqueda implementados por el Gobierno y afirmó: “El procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido —en el caso mexicano— en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación”.
