Por Luis Martínez Alcántara
Un violento linchamiento tuvo lugar en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde cuatro hombres fueron acusados de extorsión y posteriormente asesinados por un grupo de aproximadamente 300 pobladores. Este acto de justicia por mano propia se desató en la localidad de Yebuciví, donde los hombres, señalados como extorsionadores de comerciantes locales, fueron interceptados mientras viajaban en un vehículo Nissan Versa.
Los habitantes, cansados de la inseguridad y el clima de extorsión que afecta a su comunidad, decidieron tomar medidas drásticas. Tras ser capturados, los hombres fueron golpeados y rociados con gasolina antes de ser incendiados junto con su automóvil. A pesar de la rápida llegada de más de 70 elementos de la policía estatal y fuerzas federales, estos no pudieron controlar la situación ni evitar el desenlace fatal.
Las imágenes del vehículo en llamas y los cuerpos calcinados comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, reflejando la gravedad del incidente. Los testimonios recogidos indican un profundo descontento entre los residentes, quienes expresaron su frustración por la falta de seguridad y el aparente abandono por parte de las autoridades. Una vecina comentó: “Hemos caído en una escasez de justicia”, evidenciando la desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha iniciado investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si los hombres estaban realmente involucrados en actividades delictivas. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado detenciones ni se ha logrado identificar a las víctimas, quienes quedaron completamente calcinadas. Este evento resalta una problemática creciente en diversas comunidades del país, donde el linchamiento se ha convertido en una respuesta extrema ante la percepción de impunidad.
El linchamiento en Almoloya de Juárez es un claro reflejo del hartazgo social frente a la criminalidad y la ineficacia de las autoridades para proteger a los ciudadanos. Este tipo de incidentes plantea serias preocupaciones sobre el estado del sistema judicial y la necesidad urgente de abordar las causas subyacentes que llevan a las comunidades a actuar por su cuenta.
