Nueva York, 27 de marzo de 2026.- El juez federal Alvin Hellerstein rechazó desestimar los cargos en contra del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una audiencia celebrada este jueves en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Aunque el magistrado negó la petición de la defensa para eliminar las acusaciones, dejó en suspenso la decisión sobre el financiamiento de la representación legal, un punto crítico dado que las sanciones estadounidenses impiden actualmente el acceso a fondos del gobierno venezolano.
La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, argumentó que el bloqueo financiero vulnera el derecho de los acusados a contar con asistencia letrada de su elección. Por su parte, la fiscalía sostuvo que mantener las restricciones es necesario por razones de seguridad nacional y política exterior. El juez se mostró escéptico ante los argumentos del Departamento de Justicia, señalando que los acusados ya se encuentran bajo custodia y no representan una amenaza adicional, pero optó por no emitir un fallo definitivo sobre el desbloqueo de recursos en esta etapa.
Maduro y Flores enfrentan múltiples acusaciones relacionadas con narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos. Ambos se declararon no culpables en su primera comparecencia realizada en enero pasado. La investigación presentada por las autoridades alega la existencia de un esquema para facilitar el envío de drogas, aunque los detalles específicos de las pruebas se siguen revisando en esta fase preliminar del proceso judicial.
La pareja permanece detenida desde el 3 de enero, fecha en que fueron capturados. Durante la reciente audiencia, surgieron reportes sobre su estado físico; Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, describió a su padre como una persona delgada y con buen ánimo, aunque estas declaraciones no han sido corroboradas por fuentes oficiales del tribunal. Asimismo, se confirmó que los acusados utilizaron auriculares para seguir la traducción simultánea de los procedimientos.
El proceso enfrenta complejidades jurídicas sin precedentes, incluyendo la validez de juzgar a un mandatario sacado de su país por la fuerza y la viabilidad de un juicio que podría extenderse por años. Mientras se resuelve el nudo financiero para los honorarios legales, el calendario procesal continúa su curso sin que se haya fijado una fecha para el inicio del juicio oral ni para una nueva comparecencia inmediata.
