Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis en el sistema de justicia penal mexicano alcanzó niveles críticos este 2026, caracterizada por una impunidad estructural que permite que solo 1 de cada 10 delitos tenga una resolución efectiva, simultáneamente a una ola de violencia que dejó 82 policías asesinados entre enero y el 10 de marzo, según revelan informes de las organizaciones civiles México Evalúa y Causa en Común.
El estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, presentado por México Evalúa con base en datos del INEGI, expone que aunque el 93.8% de las denuncias derivan en la apertura de una carpeta de investigación, apenas el 6.28% de estos casos logran avanzar hasta una acción penal concreta. Esta desconexión entre la denuncia y la sanción refleja un colapso funcional en la cadena de justicia, donde la mayoría de los procesos se diluyen antes de llegar a un juicio.
La situación es aún más severa en estados como Coahuila y Durango, donde la desconfianza en las instituciones ha llevado a que el 90.7% y el 92.6% de los delitos respectivamente no sean denunciados. Estas cifras indican que la población ha dejado de ver al sistema judicial como un mecanismo viable para la protección de sus derechos, consolidando un ciclo de invisibilidad delictiva que favorece la operación de grupos criminales.
Paralelamente, la organización Causa en Común reportó un incremento alarmante en la letalidad contra las fuerzas de seguridad. Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2026, 82 policías fueron asesinados en ejercicio de sus funciones o por motivos relacionados con su labor. Este dato subraya la vulnerabilidad extrema de los primeros respondientes y la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes operan en la primera línea de combate al crimen.
La convergencia de estos dos fenómenos, la impunidad judicial sistémica y la violencia letal contra la policía, configura un escenario de descomposición social donde la ley pierde su carácter coercitivo. Expertos señalan que sin una reforma profunda que asegure la persecución efectiva del delito y la protección real de los operadores de justicia, el sistema continuará operando como un filtro que excluye a la mayoría de las víctimas.
Ante este panorama, las organizaciones civiles hacen un llamado urgente a las autoridades federales y locales para revisar los protocolos de investigación y las estrategias de seguridad pública. La persistencia de estas tendencias en 2026 amenaza con erosionar definitivamente el tejido social y la confianza en el Estado de derecho, convirtiendo la justicia en un privilegio estadístico más que en un derecho garantizado.
