Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Diversos gobiernos de América Latina enfrentan acusaciones formales por represión estatal, violaciones a derechos humanos y crisis políticas, según denuncias presentadas en marzo de 2026 por organizaciones internacionales y víctimas directas. Los casos abarcan desde desapariciones forzadas de deportados en El Salvador hasta la confiscación de bienes de opositores en Venezuela y Nicaragua, así como un endurecimiento de las políticas migratorias en Argentina.
En Argentina, bajo la administración de Javier Milei, se ha reportado un aumento significativo en las expulsiones de extranjeros. Datos indican que 5,000 personas no fueron admitidas o fueron expulsadas en un periodo de dos meses, mientras que en 2024 se deportó a 620 individuos, cifra que representa un incremento del 40% respecto al año anterior. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional de Argentina, ha anunciado medidas en este sentido, mientras activistas y economistas como Mercedes D’Alessandro cuestionan el desmantelamiento de políticas de memoria y el impacto social de estas acciones.
Simultáneamente, en El Salvador, la situación de los deportados desde Estados Unidos genera alarma. Más de 9,000 salvadoreños fueron deportados en 2025, de los cuales se estima que el 10% tiene antecedentes penales. Sin embargo, existe una contradicción marcada: mientras el gobierno de EE.UU. y autoridades salvadoreñas acusan a los deportados de pertenecer a la pandilla MS-13, familias y Human Rights Watch (HRW) niegan dicha condición para la mayoría. Se destaca el caso de 11 deportados desaparecidos, entre ellos César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’, señalado como líder de la MS-13, aunque no se presenta evidencia pública que vincule al resto con actividades criminales.
En Venezuela y Nicaragua, los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, junto a Rosario Murillo, enfrentan críticas por la desaparición forzada y la confiscación de bienes de opositores políticos. Figuras como William Dávila, Enrique Márquez, Lilian Tintori y Leopoldo López han sido objeto de estas medidas. Lilian Tintori ha realizado denuncias públicas al respecto, mientras que el dirigente chavista Carlos Brenes figura entre los desaparecidos. La falta de detalles sobre los cargos específicos y el estado de salud de algunos liberados, como Dávila, mantiene la incertidumbre sobre el debido proceso.
Human Rights Watch, a través de su dirigente Juanita Goebertus, ha emitido comunicados oficiales señalando estos patrones de abuso. Testimonios de familiares de víctimas, como Thelma Brenes, y activistas como Amaru Ruiz, complementan el panorama de violaciones sistemáticas. En Argentina, también resurgen protestas socioambientales lideradas por mujeres, como las vecinas de Mendoza, entre ellas Macarena Limousin, quienes se oponen a proyectos mineros como San Jorge (PSJ Cobre Mendocino), cuyo estatus legal actual no ha sido especificado.
Las cifras históricas de 30,000 desaparecidos durante la dictadura argentina sirven como referencia contextual para las nuevas denuncias en la región. La convergencia de estas crisis en múltiples países subraya un panorama complejo de derechos humanos en América Latina, donde la respuesta oficial de algunos gobiernos a las acusaciones de desaparición forzada y represión sigue siendo un punto de tensión política y social.
