Pajapan, 26 de marzo de 2026.- Un grupo interdisciplinario integrado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades locales, mantiene operaciones de limpieza y contención frente a la presencia de hidrocarburos en costas del Golfo de México, donde se han recolectado 128 toneladas de residuos impregnados de crudo.
Las labores de saneamiento se concentran en más de 165 kilómetros de litoral que incluyen zonas de los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, así como Dos Bocas en Tabasco. Para estas tareas, el gobierno federal ha desplegado a más de 2,450 elementos, de los cuales 1,700 pertenecen a la Semar y 700 son trabajadores de Pemex distribuidos en 29 frentes de trabajo. La inversión reportada asciende a 217 millones de pesos para la limpieza de playas, además de 35 millones destinados a apoyos para las comunidades afectadas y ocho millones para la operación de embarcaciones especializadas.
Sin embargo, la cronología y el alcance del evento presentan discrepancias entre la versión oficial y otros reportes. Mientras que el primer reporte gubernamental se registró el 1 de marzo de 2026, análisis satelitales previos indicaban que para el 14 de febrero el derrame ya cubría cerca de 50 kilómetros cuadrados. Organizaciones civiles y fuentes periodísticas apuntan a que la extensión total del litoral afectado podría ser de al menos 630 kilómetros en Veracruz, una cifra significativamente mayor a los 165 kilómetros donde el gobierno confirma tener actividades de limpieza activas.
El origen del vertido continúa bajo investigación y es motivo de debate. Inicialmente, el gobierno mencionó la posibilidad de un vertido proveniente de un barco de una empresa externa a Pemex. No obstante, análisis técnicos de organizaciones civiles sitúan el posible origen cerca de la plataforma Abkatún de la paraestatal entre el 11 y el 17 de febrero. Ante la falta de una causa definida, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la formación de un grupo específico para dilucidar los hechos, reconociendo implícitamente que la fuente exacta aún no está determinada oficialmente.
La controversia también alcanzó la representación gráfica del desastre ambiental. La mandataria calificó como falsa una imagen difundida por Greenpeace México que mostraba la magnitud de la mancha, alegando falta de sustento científico. Posteriormente, se aclaró que la organización ecologista se refería a una infografía ilustrativa creada por un tercero y no a un mapa satelital propio, desmintiendo que hubieran presentado dicha imagen como evidencia cartográfica definitiva, lo que derivó en un cruce de versiones sobre la transparencia de la información compartida.
En cuanto a la dispersión del contaminante, existen reportes contradictorios sobre afectaciones en otros estados. La Secretaría de Marina informó haber detectado y retirado hidrocarburos en playa Miramar, en Tamaulipas. En contraste, el alcalde de Ciudad Madero, en la misma entidad, descartó públicamente cualquier afectación o contaminación en dicho sitio, evidenciando una divergencia en los diagnósticos entre autoridades federales y locales sobre el avance geográfico del fenómeno.
Como parte de la estrategia de respuesta, la Profepa ha realizado visitas de verificación a más de 32 sitios, incluyendo playas, lagunas, ríos y arroyos en la región. Las acciones se rigen bajo cinco ejes prioritarios que contemplaron la instalación de barreras de contención, el uso de cordones oleofílicos y la recolección manual en áreas de manglar. A pesar de los esfuerzos reportados, persisten críticas de sectores sociales y académicos respecto a la opacidad en la respuesta temprana y la posible subestimación del impacto real en la flora, fauna y economía de las comunidades pesqueras del sur de Veracruz.
