Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en esta ciudad giró 16 órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 agentes de la Policía Estatal, por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad. Los mandamientos judiciales responden a los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, donde un operativo policial derivó en la muerte de cuatro personas.
La Fiscalía General de Justicia de Michoacán, encabezada por Carlos Torres Piña, confirmó la obtención de las órdenes de captura tras integrar los elementos de prueba necesarios ante la autoridad judicial. De acuerdo con la investigación ministerial, el operativo desplegado hace nueve años dejó un saldo de cuatro fallecidos, 10 casos de tortura, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias, además de siete policías heridos durante los enfrentamientos.
Los hechos se originaron en el contexto de un conflicto por la retención de vehículos en la localidad purépecha. Reportes indican que elementos de seguridad intentaban levantar un bloqueo carretero y recuperar 17 tráilers y tres camionetas retenidas por la comunidad, situación que desencadenó una intervención armada. Las acusaciones contra los altos mandos y los elementos operativos señalan una presunta actuación ilegal y uso excesivo de la fuerza durante la irrupción en la comunidad.
Las órdenes de aprehensión implican prisión preventiva de oficio para los imputados debido a la gravedad de los delitos de homicidio y tortura. Con esta determinación judicial, se busca procesar penalmente a los responsables de lo que autoridades y organismos de derechos humanos han catalogado como ejecuciones extrajudiciales y violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante la administración estatal de 2015 a 2021.
Cabe destacar que Silvano Aureoles Conejo ya era buscado por la justicia desde 2023 por un proceso distinto relacionado con un presunto desfalco millonario en la construcción de cuarteles policiales, motivo por el cual se le considera prófugo. Esta nueva serie de mandamientos judiciales reabre el caso de Arantepacua, el cual había sido exigido por familiares de las víctimas y organizaciones civiles durante casi una década.
