Asuncion Ixtaltepec, 09 de abril de 2026.- Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó el 8 de abril de 2026 el cierre del litigio penal por el descarrilamiento del Tren Interoceanico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en la comunidad de Nizanda, municipio de Asuncion Ixtaltepec, Oaxaca. El siniestro dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas.
De acuerdo con la dependencia, 145 víctimas del descarrilamiento optaron por concluir el conflicto mediante justicia alternativa con la firma de acuerdos reparatorios. De este total, 114 son adultos y 31 son niñas, niños y adolescentes que han recibido “de forma inmediata” la reparación integral del daño. La aceptación de esta reparación derivó en la extinción de la acción penal correspondiente.
Las investigaciones determinaron que el descarrilamiento no se debió a problemas en la obra ni a deficiencias en la infraestructura. Los peritajes técnicos verificaron que tanto la vía en el punto del siniestro como las locomotoras cumplían con las normas oficiales mexicanas aplicables. Al respecto, Godoy señaló: “lo descartamos con los dictamenes periciales en materia de arquitectura e ingeniería civil, así como con el de seguridad industrial”, agregando que tras una “minuciosa inspección y toma de muestras” se comprobó que la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplen con la norma.
Por el contrario, los ministerios públicos acreditaron la comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho. La caja negra de la locomotora reveló que el convoy circulaba a velocidades de hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos donde el límite máximo permitido era de 70 kilómetros por hora; en la curva donde ocurrió el descarrilamiento, el tren transitaba a 65 kilómetros por hora cuando el límite establecido era de 50 kilómetros por hora. La FGR concluyó que la correlación de los fallecimientos y las lesiones se derivó del exceso de velocidad negligente atribuible al maquinista, así como de la omisión del conductor y del jefe de despacho para evitarlo.
El caso fue judicializado el 27 de enero de 2026, obteniéndose órdenes de aprehensión y de cateo, y la autoridad judicial emitió autos de vinculación a proceso contra los tres operadores. Dos de ellos fueron detenidos: Felipe de Jesús Díaz Gómez, maquinista del convoy, capturado el 26 de enero de 2026 en el municipio de Palenque, Chiapas; y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores, detenido el 27 de enero de 2026 por no supervisar ni intervenir antes ni después del descarrilamiento.
En cuanto al delito de daños en bienes, la empresa operadora del ferroviario decidió otorgar el perdón por el delito de daño en bienes, lo que derivó en el descarte de la investigación por ataques a las vías de comunicación. Asimismo, se descartaron los delitos de uso ilícito de atribuciones y de servicio indebido del servicio público con base en la información proporcionada por la empresa ferroviaria y el análisis de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sin observaciones penales que denunciar.
Ernestina Godoy Ramos afirmó: “Tengan la certeza de que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad”. Por su parte, la Secretaría de Gobernación confirmó que el gobierno mexicano concluyó el proceso de reparación integral asumiendo el hecho “con absoluta responsabilidad”, detallando que la atención incluyó compensación económica, atención médica continua, apoyo psicológico y acompañamiento jurídico.
