Matamoros, 02 de abril de 2026.- A mil días de la explosión ocurrida la mañana del 29 de junio de 2023, la familia de Thalía exige justicia y reparación del daño a la empresa ENGIE. La joven entraba a un departamento que apenas iba a habitar cuando se registró el siniestro provocado por la acumulación de gas natural, producto de una fuga en la calle que migró hacia el drenaje y subió hasta el baño.
Thalía sobrevivió con quemaduras en el 70% de su cuerpo, sufrió amputaciones en todos sus dedos y presenta secuelas irreparables en su salud, habiendo pasado por más de 20 cirugías. La familia reporta deudas de casi 2 millones de dólares y denuncia que no existe reparación del daño ni sanciones contra la empresa, a pesar de que peritajes la señalan como responsable.
Desde el día del evento, personal de investigación acompañado de la Fiscalía Estatal de Tamaulipas y técnicos de ENGIE inspeccionó el inmueble. Con aparatos especializados se detectó gas natural en el registro del drenaje con niveles de explosividad altamente peligrosos. Aunque los directivos de ENGIE en Matamoros fueron notificados desde el primer momento para revisar la fuga y asistir a las víctimas, la empresa de origen francés optó por no acatar la solicitud y negó lo ocurrido.
En diciembre de 2024, un peritaje descubrió tuberías de gas a una distancia indebida del drenaje, concluyendo que la explosión fue causada por el gas natural del ducto. En estos mil días, abogados de ENGIE sostuvieron tres reuniones con la víctima y sus representantes: una para dar formalidad a la comunicación, otra solicitada por la empresa para amenazar a la familia y exigirles no hablar del caso en medios o redes sociales, y una tercera para ejercer lo que describen como gaslighting corporativo, negando argumentos pese a las evidencias y revictimizando a Thalía.
Existe una carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía del Estado de Tamaulipas con avances significativos, pero con retrasos burocráticos que, según la familia, han permitido que directivos de la empresa acusada abandonen el país. Por su parte, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) tiene en sus oficinas denuncias por episodios de fugas y explosiones con dictámenes en contra de la empresa regulada, aunque no ha aplicado multas por dichas irregularidades ocurridas en los últimos cinco años.
