Por Redacción
Ciudad De México, 13 de agosto de 2026.- Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del gobernador Javier May Rodríguez. El trámite fue realizado desde el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, donde Bermúdez Requena permanece bajo prisión preventiva.
La denuncia, a la cual tuvo acceso el periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga junto con una carta manuscrita del exfuncionario, se centra en tres momentos específicos en los que el mandatario estatal se refirió públicamente al caso. Bermúdez Requena sostiene que estos pronunciamientos generaron ante la opinión pública una narrativa de culpabilidad antes de que exista una sentencia firme.
El primer episodio citado ocurrió el 13 de noviembre de 2024, cuando May fue cuestionado sobre quién comandaba el grupo conocido como La Barredora. En esa ocasión, el gobernador respondió: “Todos saben”, después de señalar que era conocido quien lo encabezaba. El segundo hecho se registró el 22 de septiembre de 2025, fecha en que May afirmó que en la investigación contra el exfuncionario “se tiene que saber la verdad, por muy dura que sea”.
El tercer momento mencionado en la queja data del 31 de marzo de 2026, cuando el gobernador declaró que no se descartaban nuevas imputaciones contra Bermúdez Requena y aseguró que las autoridades contaban con información y pruebas para integrar nuevos argumentos. Sobre estos hechos, Víctor Hugo Arteaga señaló: “En su denuncia de once páginas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisa los momentos en los que el gobernador Javier May ha sido pues un juez de facto calificándolo y juzgándolo en sus declaraciones ante los medios de comunicación”.
Ante esto, Bermúdez Requena pide a la CNDH que examine las declaraciones bajo el principio de presunción de inocencia, particularmente en su dimensión como regla de trato extraprocesal. La petición incluye que la comisión revise las pruebas aportadas, entre ellas publicaciones de medios de comunicación nacionales que reprodujeron las declaraciones de las autoridades.
En el escrito, el exsecretario solicita que la queja sea admitida y que se investiguen los hechos. Si la CNDH determina que existió una violación a sus derechos humanos, pide que emita la recomendación correspondiente, así como una disculpa pública institucional. Asimismo, plantea que las autoridades se abstengan de anticipar responsabilidad penal mientras continúen pendientes los procesos judiciales.
