Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Dos expolicías municipales de Tijuana fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en la tortura y posterior muerte de un hombre en 2022, mientras que en la colonia Santa Fe, vecinos se movilizan para exigir la construcción de un hospital tras el fallecimiento de un menor, denunciando la falta de servicios de salud en la zona. Los casos, reportados por el semanario ZETA, evidencian problemas de violencia institucional y abandono social en Baja California.
Los exagentes identificados como Juan ‘N’ y Abel ‘N’ fueron imputados por los delitos de tortura agravada, homicidio calificado y violación impropia agravada con objeto, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) los detuviera. Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2022 en un establecimiento con servicio de internet y máquinas tragamonedas ubicado en Playas de Tijuana, sobre el bulevar Pacífico y calle del Granizo. La víctima, Carlos Dámaso López, fue sometido a tortura y falleció semanas después, el 18 de mayo de 2022.
Este caso se suma a otro de violencia policial en la entidad, donde un expolicía municipal identificado como Billy ‘N’ fue sentenciado a 25 años y tres meses de prisión por el homicidio de una mujer de 68 años. La justicia avanza lentamente en estos procesos, mientras la ciudadanía observa con desconfianza el actuar de las corporaciones.
Paralelamente, en la colonia Santa Fe de Tijuana, habitantes han iniciado una recolección de firmas para exigir a las autoridades la construcción de un hospital de segundo nivel. La movilización ciudadana surge tras la muerte de un menor, atribuida a la falta de atención médica oportuna en la zona. Guadalupe, una vecina, señaló la urgencia del servicio, mientras Silvia González afirmó que la comunidad está cansada de promesas incumplidas.
La diputada federal Evangelina Moreno se ha pronunciado a favor de la demanda, aunque hasta el momento no hay una respuesta oficial concreta ni un calendario para la posible edificación del nosocomio. El reclamo de Santa Fe se enmarca en un contexto de desigualdad en el acceso a la salud, donde comunidades periféricas sufren las consecuencias de la centralización de los servicios.
Estos dos frentes —la violencia atribuida a expolicías y la demanda social por infraestructura médica— reflejan problemáticas estructurales en Tijuana. Por un lado, la impunidad y los excesos en el uso de la fuerza por parte de algunos elementos de seguridad pública; por el otro, el abandono histórico de colonias que crecen sin los servicios básicos, situación que se agrava ante emergencias sanitarias y puede derivar en tragedias evitables.
